Crisis de representación y turbulencia política: la vacancia de Dina Boluarte y los primeros días de la administración Jerí

Los últimos veinticinco años de historia política peruana han estado definidos por la presencia permanente de la crisis. Entre 2000 y 2025, Perú ha tenido doce presidentes, de los cuales seis fueron electos por medio de procesos electorales y seis a través de transferencias electorales. Los últimos siete han gobernado Perú en un plazo de siete años. Además, desde el final del fujimorismo, el país sudamericano ha atravesado dos crisis políticas de alta relevancia, una iniciada en 2018 y otra en 2022. No obstante, la crisis política peruana encuentra sus orígenes en el mismo texto constitucional aprobado en 1993 durante la dictadura fujimorista. La figura de la vacancia, contemplada en el artículo 113° constitucional, desarrolla la figura de la vacancia promovida por el Congreso. Este mecanismo ha sido fundamental para la inhabilitación del Ejecutivo peruano. Este mecanismo ha sido aprovechado por la derecha y la extrema derecha peruana, con el objetivo de restringir la capacidad de gobernabilidad de los partidos de centro y de izquierda. En la historia de Perú, cinco presidentes han sido víctimas del recurso de la vacancia, uno de ellos previo a la Constitución de 1993 y cuatro durante su uso: Guillermo Billinghurst, Alberto Fujimori, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

En 1990, Alberto Fujimori, de Cambio 90, venció en la segunda vuelta electoral al candidato del Movimiento Libertad, el novelista Mario Vargas Llosa, y se transformó en el último presidente del siglo XX peruano. En abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso de la República, que en ese momento tenía composición bicameral (Senado y Cámara de Diputados). Durante su gobierno se instaló un Congreso Constituyente Democrático que tuvo por objetivo la redacción de un texto constitucional que reemplazaría a la Constitución de la República del Perú de 1979. En este Congreso, el 55 % de los constituyentes eran miembros de Cambio 90, la organización política encabezada por Fujimori, lo que llevó a la construcción de un texto constitucional adecuado a los intereses del fujimorismo. Este cambio refundacional permitió que Fujimori se reeligiera en 1995 y 2000. Tras el escándalo de los vladivideos, Fujimori huyó a Japón, presentó su renuncia vía fax (la cual no fue aceptada por el Congreso) y sufrió un proceso de vacancia presidencial promovido por los miembros de la oposición. Perú giró una orden de extradición de Fujimori, pero esta no fue acatada por Japón. Fujimori se mantuvo durante cinco años en Japón y en 2005 fue detenido en Chile y, dos años después, extraditado a Perú. Fujimori murió en septiembre de 2024 en prisión; no obstante, su legado político se mantiene vivo como una fuerza política que aglutina a la extrema derecha.

Después del escándalo político de Fujimori, la transición política de 2000 fue complicada debido a la renuncia de Francisco Tudela (primer vicepresidente), la renuncia de Ricardo Márquez (segundo vicepresidente) y la destitución de Martha Hildebrandt (presidenta del Congreso). En noviembre de 2000, Valentín Paniagua, de Acción Popular, se transformó en el primer presidente por sucesión constitucional en la historia peruana del siglo XXI. Paniagua fue el encargado de la organización de las elecciones de 2001, en las que ganó Alejandro Toledo, de Perú Posible. En su momento, Toledo encabezó la lucha anti fujimorista; no obstante, investigaciones posteriores lo ligaron al caso Odebrecht. En 2006, Toledo fue sucedido por Alan García, miembro del Partido Aprista Peruano y quien ya había sido presidente entre 1985 y 1990. García logró vencer a Ollanta Humala en una segunda vuelta donde la diferencia entre ambos candidatos fue solo de 700 000 votos. García era recordado por la sociedad peruana por una pésima gestión del país, marcada por la hiperinflación y la devaluación de la moneda peruana; sin embargo, el electorado decidió darle una segunda oportunidad. Alan García se vio envuelto en las investigaciones del caso Odebrecht en 2019; se giró una orden de aprehensión en su contra en abril del mismo año y, durante su arresto, el expresidente se suicidó.

Las elecciones de 2011 son particularmente importantes porque en ellas participa por primera vez Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien se convertirá en la constante rival en la segunda vuelta y en la representante de la derecha radical en Perú. En estos comicios, Ollanta Humala logró vencer a Fujimori en segunda vuelta por una diferencia menor a 500.000 votos. En estos comicios, Fuerza 2011, partido de Fujimori, logró mostrar su capacidad política, especialmente en los departamentos de la costa (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima y Callao). Es imprescindible señalar que Humala fue el último presidente que logró concluir su mandato. Humala también fue señalado por estar involucrado en el caso Odebrecht y estuvo bajo arresto domiciliario junto a su esposa, Nadine Heredia.

A partir de las elecciones de 2016 es posible notar un reacomodo del mapa político peruano, definido por el crecimiento del apoyo popular al fujimorismo y la formación de alianzas para impedir su asunción al Ejecutivo en las segundas vueltas electorales. En 2016, Keiko Fujimori ganó la primera vuelta electoral con el 39 % de los votos contra 21 % de Pablo Kuczynski y 18 % de Verónica Mendoza. No obstante, la candidata de Fuerza Popular fue derrotada por Kuczynski en la segunda vuelta, cuando el candidato logró una victoria solo por 40.000 votos. Sin embargo, las condiciones de gobernabilidad después de los comicios de 2016 fueron muy difíciles debido a que la composición del Congreso favoreció al fujimorismo, que acaparó 73 de los 130 escaños, mientras que el partido de Kuczynski apenas logró hacerse de 18 lugares. En 2017, Kuczynski fue ligado al caso Odebrecht, por lo que el Congreso solicitó un proceso de vacancia en su contra. Durante el proceso, Kuczynski intentó negociar con Kenji Fujimori, también hijo de Alberto Fujimori y hermano de Keiko, la compra de votos de Fuerza Popular para evitar su destitución a cambio de la liberación del padre de Keiko y Kenji. Con la difusión del intento de compra de votos, su renuncia en 2018 fue inevitable. El gobierno de Kuczynski fue especialmente turbulento y estuvo marcado por dos juicios políticos en su contra.

Kuczynski fue reemplazado por Martín Vizcarra, de Peruanos por el Kambio, quien en ese momento era el primer vicepresidente. En una jugada arriesgada, y que pudo permitirse debido a sus altos niveles de popularidad, Vizcarra disolvió el Congreso amparado en el artículo 134° de la Constitución peruana de 1993 y convocó a elecciones extraordinarias en enero de 2020. Vizcarra logró triunfar en esta jugada política, ya que consiguió que el fujimorismo perdiera más del 80 % de sus escaños y constituyó un Congreso dividido, donde la mayor fuerza política, Acción Popular, solo consiguió 25 de los 130 escaños. No obstante, en 2020 el nuevo Congreso destituyó a Vizcarra por incapacidad moral permanente durante el segundo proceso de juicio político organizado en su contra por corrupción. El proceso de destitución fue apoyado por congresistas de todos los partidos, que lograron juntar 105 votos a favor del juicio político. Con esta decisión, Vizcarra se convirtió, junto a Kuczynski y Donald Trump, en ejemplo contemporáneo de políticos que han vivido dos juicios políticos durante su administración. Después de la destitución de Vizcarra, el orden constitucional señalaba a Mercedes Aráoz, quien juramentó como presidenta, pero renunció inmediatamente después sin asumir funciones. Durante un período de cinco días, Manuel Merino, militante de Acción Popular y presidente del Congreso entre marzo y noviembre de 2020, ocupó el Ejecutivo peruano. Merino renunció el 15 de noviembre de 2020 como consecuencia de las movilizaciones masivas en su contra, logrando el gobierno más efímero de la política contemporánea peruana. El período electoral iniciado por Kuczynski en 2016 tuvo que ser concluido por Francisco Sagasti, del Partido Morado, que estuvo a cargo de la organización de las elecciones de 2021.

Los comicios de 2021 estuvieron marcados por un fuerte fraccionamiento del voto. Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori lograron pasar a la segunda vuelta electoral, en la que Castillo se impuso por aproximadamente 40 000 votos a su competidora. Aunque Perú Libre se impuso como la mayor fuerza al interior del Congreso, con 37 de los 130 escaños, también se fraguó una alianza de partidos de derecha, extrema derecha y provenientes de los fundamentalistas cristianos (Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso y Somos Perú), que concentró 69 de las 130 bancas. Debido a esta composición, el gobierno de Castillo fue inhabilitado para ejercer sus funciones. Durante su gestión sufrió tres intentos de inhabilitación por vacancia, de los cuales el último prosperó después de intentar, sin éxito, disolver el Congreso (la Constitución de Perú, en su artículo 134°, señala que el presidente solo puede disolver el Congreso si este ha censurado a dos Consejos de ministros). En la votación del tercer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, la solicitud recibió 102 votos a favor, incluidos los de seis miembros de su partido: Elías Varas, Hamlet Echeverría, Jaime Quito, Janet Rivas, Margot Palacios y Paul Gutiérrez. También de su propia formación política, tres congresistas se abstuvieron de votar y tres estuvieron ausentes. Actualmente, Castillo se mantiene aún bajo prisión preventiva y se ha gestado un revanchismo judicial en su contra, ligándolo a organizaciones terroristas en Perú.

En diciembre de 2022, Dina Boluarte, primera vicepresidenta de Castillo asumió la presidencia después de calificar los actos de Castillo como inconstitucionales y romper su relación política con el profesor cajamarquino. La presidencia de Boluarte estuvo marcada por altos niveles de impopularidad, masivas protestas sociales y altos niveles de corrupción e inseguridad. A lo largo de casi tres años, Boluarte logró mantenerse en el poder gracias a una alianza tácita con el fujimorismo; no obstante, a inicios de octubre de 2025, la fuerza de extrema derecha Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga, promovió un proceso de vacancia presidencial en su contra. La votación para la admisión del pedido de vacancia presidencial otorgó 121 votos a favor de la vacancia y nueve ausencias; ni un solo congresista defendió el gobierno de Boluarte, el más impopular de los gobiernos en lo que va del siglo XXI peruano. Para que la vacancia fuera aprobada solo se necesitaban 87 votos a favor.

El 10 de octubre de 2025, José Jerí asumió como presidente constitucional de la República de Perú por sucesión constitucional. Debido a que en 2021 Perú Libre presentó una sola candidatura vicepresidencial, la de Dina Boluarte, no existía la figura de segundo vicepresidente para asumir este cargo y la sucesión indicaba que el presidente del Congreso sería la persona que quedaría a cargo. Aunque el artículo 111° constitucional reconoce la existencia de dos figuras vicepresidenciales, no ha habido segundo vicepresidente desde 2018. Jerí pertenece a Somos Perú, un partido político que oscila entre la derecha y la extrema derecha y que solo goza de diez de las 130 bancadas al interior del actual Congreso de la República de Perú. En términos generales, la trayectoria política de Jerí puede ser calificada como mediocre. Después de dos derrotas electorales para acceder al Legislativo de la municipalidad de Lima, Jerí logró su curul en el Congreso gracias a su calidad como suplente del expresidente Martín Vizcarra, quien no pudo asumir su cargo por inhabilitación de diez años por cargos de corrupción. Jerí logró ganar terreno al interior del Congreso por medio de diferentes negociaciones políticas hasta convertirse en presidente del Congreso y posteriormente en presidente de la República. Además de la escasa relevancia que Jerí ha tenido en la política peruana, llega al cargo de presidente de la República con diversas acusaciones en su contra, incluidas acusaciones por corrupción, desobediencia a la autoridad y violación sexual. En caso de evitar la destitución, Jerí podría mantenerse como presidente de Perú hasta abril de 2026.

La historia reciente del Perú revela un patrón persistente de crisis institucional que ha erosionado las bases de la representación democrática y debilitado la legitimidad del sistema político. Desde la instauración de la Constitución de 1993, el diseño del régimen presidencialista y la ambigüedad de figuras como la vacancia han permitido que el Congreso se convierta en un actor desestabilizador, capaz de condicionar y, en última instancia, deponer al Ejecutivo. Este fenómeno, articulado con la fragmentación del sistema de partidos y la hegemonía persistente del fujimorismo y sus aliados, ha configurado un escenario de ingobernabilidad estructural donde las alternancias en el poder no han significado una renovación política real. La vacancia de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí a la presidencia son la expresión más reciente de un ciclo de crisis que combina la precariedad de las instituciones, la captura partidista del Congreso y el desencanto ciudadano frente a una clase política percibida como corrupta y distante. El uso recurrente de mecanismos constitucionales como instrumentos de disputa facciosa ha vaciado de contenido la representación y ha producido una democracia formalmente vigente, pero materialmente agotada. El Perú del presente continúa atrapado en una dinámica en la que la inestabilidad es el modo habitual de funcionamiento del sistema político, y donde la resolución de los conflictos de poder se impone una y otra vez sobre la construcción de un orden democrático duradero.