CQB, Doctrina Dahiya y las geografías de sacrificio en México

Calderón no desató la “guerra contra el narco” para legitimarse. Queda claro que el sujeto no tiene escrúpulos: no tuvo ni la más mínima duda de que lo que estaba imponiendo en nuestro país era incorrecto.

El fraude de 2006, así como el de 1988, fueron acontecimientos decididos muchos años atrás y significaron quiebres históricos casi irreparables; por lo tanto, de ninguna manera deben entenderse como hechos aislados ni producto de errores del régimen o crisis internas espontáneas, sino más bien como dos fases complementarias de dominación geopolítica.

La primera representó el despojo económico a la medida del Consenso de Washington: la imposición de estas 10 reformas económicas “coincidió” con la toma de protesta del espurio de Carlos Salinas. Sus principales objetivos eran extraer la riqueza y desmantelar al Estado.

Se vivió en México una integración forzada al bloque hegemónico estadounidense y, con esto, el Estado mexicano sufrió un rediseño que dejaba huérfano al pueblo y ponía al Estado a servir al mercado “global”. Las consecuencias estructurales fueron la privatización de mil empresas estatales, lo cual transfirió la riqueza pública a manos de 30 familias, que juntas representaron la nueva oligarquía y que, a la par, se convirtieron en los guardianes y defensores del incipiente régimen.

Otra de las graves consecuencias fue la modificación del artículo 27 constitucional que permitía la venta de tierras ejidales y que detuvo el reparto agrario que había comenzado el general Lázaro Cárdenas. Esto, sumado a la firma del TLCAN, destruyó la soberanía alimentaria y desmanteló al campo, dejando a millones de campesinos en la pobreza, convirtiéndolos en mano de obra barata para las maquiladoras o en migrantes hacia Estados Unidos.

Si en 1988 había sido un despojo económico, en 2006 se vivió un despojo de seguridad diseñado directamente por el binomio yanqui-sionista, que militarizó la miseria resultante y cedió el control territorial a las potencias extranjeras.

Lo más grave de la guerra declarada el 10 de diciembre de 2006 en Michoacán fue la aplicación del concepto del “totalitarismo táctico”, que autoriza a un Estado aparentemente democrático a actuar como una dictadura militar a nivel de calle. De hecho, lo único que sostiene la apariencia de Estado democrático es el trabajo de los medios de comunicación hegemónicos, que sirven como legitimadores no solo del concepto, sino también de las acciones de la dictadura disfrazada.

No se necesitó la abolición de los derechos constitucionales ni la declaratoria de golpe de Estado, porque ese ya se le había dado al pueblo con el fraude de julio de 2006. Al adoptar un modelo de contrainsurgencia y de asalto urbano, se suspendía, de facto, el derecho a la vida y al debido proceso.

En México se estableció el CQB (Combate Urbano Cerrado). Dicha técnica es la síntesis de dos matrices terroristas: la contrainsurgencia yanqui y la de asedio y control territorial sionista. Ambas nacieron y fueron aplicadas en Oriente Medio y después exportadas a México y a América Latina con el pretexto de la guerra contra el narco.

La aportación estadounidense viene de su experiencia en Irak y Afganistán, específicamente en batallas urbanas como la de Faluya. En la Guerra Fría, los yanquis entrenaban a los ejércitos de las dictaduras para pelear en la selva y en montañas para asesinar guerrilleros; desde 2001, la doctrina cambió hacia la guerra urbana. El enemigo ya no usa uniforme, ni se esconde en el campo; ahora se esconde entre la población civil, y por eso se recurre a tácticas militares de asalto rápido (CQB) en zonas residenciales.

La Iniciativa Mérida y los entrenamientos del Comando Norte (USNORTHCOM) capacitaron a las fuerzas especiales de la Marina bajo una lógica contrainsurgente, pues los narcos no debían ser tratados como delincuentes comunes, sino como células insurgentes a neutralizar militarmente.

La aportación sionista viene de su experiencia en la ocupación de los Territorios Palestinos: por ser entornos urbanos densamente poblados y hostiles, el Estado de Israel utiliza técnicas CQB con armas como el fusil Tavor, específicamente para asaltar viviendas puerta por puerta. En la columna pasada hablamos de este fusil que fue comprado masivamente desde 2006 para el genocidio en México.

Por cierto, la frase de Calderón sobre que las muertes de inocentes eran “daños colaterales” no fue una simple ocurrencia en la cabeza del genocida: está perfectamente sustentada en la doctrina sionista Dahiya, que también fue aplicada en nuestro territorio. La doctrina se llama así por un barrio del Líbano destruido justamente en 2006; según ella, se justifica el uso de la fuerza desproporcionada sobre la población civil por la pura sospecha de operaciones de “grupos enemigos”, aceptando un alto margen de “daño colateral” como táctica de disuasión.

La combinación del fusil sionista Tavor con técnicas de Combate Urbano Cerrado hizo que México se convirtiera en territorio de ocupación y transformó la interacción del Estado con los ciudadanos, dando pie a masacres y ejecuciones extrajudiciales. Prácticamente, el sospechoso deja de ser un civil que debe ser investigado y arrestado para convertirse en un “combatiente enemigo” que debe ser abatido en caliente.

Así, poblados de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero o Zacatecas dejaron de ser comunidades que proteger, para ser clasificados como territorio hostil. Si hay civiles en un espacio donde se reportan sicarios, la doctrina de asalto no tendrá ningún problema en catalogarlos como daños colaterales inevitables. Al mismo tiempo, a los pobladores se les considerará cómplices o base social de los enemigos, lo que justifica abusos, torturas y uso de la fuerza desproporcionada.

La letalidad es otra consecuencia de las armas y técnicas que Washington y Tel Aviv impusieron desde 2006 en México. En un combate, incluso en guerras convencionales, lo habitual es que por cada persona muerta haya 3 o 4 heridos. En tiempos de la guerra en nuestro país y con operaciones de fuerzas especiales del ejército como la Tier 1, por cada herido había 10 muertos.

La idea de los enfrentamientos accidentales queda sepultada para dar paso a operaciones de asalto y ejecución. En nuestro país se borró la línea entre un ciudadano y un blanco militar, pavimentando el camino para las masacres.

Se crearon las geografías de sacrificio, unas zonas de fuego libre en colonias enteras, ejidos y municipios marginados, clasificados tácticamente como territorios enemigos. Si un convoy recibía fuego, las fuerzas armadas reaccionaban con poder aplastante: los ciudadanos inocentes que quedaban atrapados en el fuego cruzado o las familias cuyas casas eran allanadas por error, dejaban de ser víctimas y eran vistas por el eufemismo militar como daño colateral.

El perfilamiento letal permitió abrir fuego por la sola apariencia o el código postal. Hombres jóvenes, habitantes de zonas empobrecidas, se convirtieron en víctimas bajo la premisa de “actitud sospechosa”.

Los policías y militares no midieron su éxito en la reducción de los delitos o en la pacificación de territorios: con el modelo contrainsurgente de los yanquis, las corporaciones mexicanas comenzaron a medir su eficacia operativa mediante la “métrica de la sangre” y el número de cuerpos abatidos. De hecho, los altos mandos exigían estos niveles de violencia para justificar presupuestos y ascensos ante la opinión mediática y las agencias estadounidenses.

En conclusión, la intervención directa del binomio terrorista yanqui-sionista desde 2006 en materia de seguridad creó las condiciones para que casos como Tlatlaya, Nuevo Laredo o Allende dejaran de ser la excepción para convertirse en un método estandarizado de control territorial.

Continuará…