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6 min La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recorrerán las seis regiones del país para reunirse directamente con los colectivos y las familias que buscan a personas desaparecidas.
En conferencia de prensa, la titular de Gobernación informó que se instaló el centro de mando de la Alerta Nacional, que coordina la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y donde participan la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Semar, Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Centro opera 24/7 para movilizar, de forma inmediata, los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda, ante un primer reporte de desaparición.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, destacó que desde el inicio de operación de la Plataforma Única de Identidad, del 14 de octubre de 2025 al 18 de mayo de 2026, se han localizado 5 mil 898 personas, solo con esta herramienta tecnológica, la cual interconecta, mediante la CURP, las bases de datos de instituciones públicas, privadas y de los tres órdenes de gobierno.
La comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, reportó que personalmente acude a las entidades federativas (como Jalisco, Veracruz, Zacatecas, etc.)para recabar datos de registros incompletos; que las personas revisen que el registro esté debidamente integrado; y que las fiscalías locales informen sobre los avances de las investigaciones de datos de las carpetas de investigación.
La titular de la Segob también recordó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde 2018, y particularmente con la reforma de julio de 2025, México ha fortalecido sustancialmente su marco institucional con acciones concretas como las siguientes:
Agregó que a ello se suma el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la mejora de los procesos de identificación humana y la atención directa a las familias.
“El Gobierno de México trabaja de la mano de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país, y lo que vimos anteriormente de estas propuestas del plan de trabajo, básicamente son propuestas de las familias y de los colectivos que están alrededor de la búsqueda de personas desaparecidas”, expuso la secretaria Rodríguez.
Detalló que se trabaja en coordinación con gobiernos locales para que también las autoridades estatales, de las 32 entidades, atiendan periódicamente a los colectivos de personas buscadoras.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Desaparición de Personas en México”, el cual emite 40 recomendaciones para fortalecer las acciones impulsadas por el Gobierno de México para prevenir, buscar, investigar y sancionar este fenómeno.
Entre las principales recomendaciones, la Comisión plantea evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad y reforzar las investigaciones para esclarecer responsabilidades.
Asimismo, propone fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, mejorar la coordinación entre instituciones, avanzar en la interoperabilidad de registros y bancos de datos, así como consolidar un enfoque masivo de identificación humana y garantizar la entrega digna de cuerpos a las familias.
El informe también subraya la importancia de ampliar los apoyos económicos y la atención integral a las familias buscadoras, además de impulsar acciones de memoria, verdad y justicia tanto para los casos del pasado como los actuales.
La CIDH reiteró su disposición para brindar asistencia técnica al Estado mexicano en la implementación de estas medidas.
En este mismo sentido, la Comisión reconoció la labor de colectivos y familiares de personas desaparecidas, destacando su participación en la búsqueda de verdad y justicia en medio de contextos de riesgo y amenazas.
En materia de prevención, la CIDH valoró la nueva estrategia de seguridad pública impulsada en 2025 por el Gobierno de México, particularmente el enfoque de “atención a las causas” para combatir la violencia y reducir factores de riesgo asociados a la delincuencia.
Asimismo, el informe reconoce avances institucionales como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020; la creación de la dirección especializada de atención a familiares y colectivos dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y la conformación de mecanismos de verdad y memoria relacionados con los hechos de la llamada “Guerra Sucia”.
De igual forma, la Comisión encuentra positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra sucia”, incluidas las desapariciones.
No obstante, la CIDH advirtió que persisten desafíos importantes, principalmente en materia de impunidad, debido al bajo número de judicializaciones y sentencias frente a la magnitud del problema.
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SEGOB detalló que se trabaja en coordinación con gobiernos locales para que también las autoridades estatales, de las 32 entidades, atiendan periódicamente a los colectivos de personas buscadoras.