La Cancillería de Colombia, junto con los gobiernos de Brasil, Chile, México, Uruguay y España, emitió un comunicado conjunto ante las acciones militares unilaterales ocurridas en Venezuela, reafirmando su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Los gobiernos expresaron su “profunda” preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, las cuales contravienen “principios fundamentales” del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Según el comunicado, estas acciones constituyen “un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.
El documento establece que la situación en Venezuela debe “resolverse exclusivamente” por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, “sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”.
Reafirmaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a “una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.
Además, los gobiernos destacaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y llamaron a la unidad regional, “más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.
El comunicado también exhortó al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a “hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.
Por último, los gobiernos manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, “lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.