La construcción de espacios de participación ciudadana más allá de las elecciones ha sido un terreno de batalla en el que, poco a poco, ha habido transformaciones sustanciales en favor de la apertura. Sin embargo, la tentación de la simulación es una permanente seductora de quienes desean que cambie todo para que nada cambie.
En la disputa por arrancarle al poder tradicional foros para la discusión ciudadana se encuentra la innovadora propuesta del Consejo Económico y Social de Michoacán, el cual aspiraba en su espíritu original a ser “un órgano de Estado, ciudadano, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios y de naturaleza consultiva” e integrado por representantes de los intereses de diversas organizaciones ciudadanas. Propuesta por el entonces legislador local Enrique Bautista, la iniciativa fue aprobada y publicada bajo el mandato del gobernador de la entidad, Leonel Godoy, en diciembre de 2011.
Inspirada en la experiencia exitosa de los Consejos de los países europeos, así como en la tradición de los pueblos originarios del estado de Michoacán, la instalación del Consejo Económico y Social de esta entidad tuvo que dormir por algunos años el sueño de los justos, hasta que en 2013 la Justicia Federal ordenó al Congreso la instalación del Consejo. Sin embargo, este tuvo una vida efímera porque nunca recibió el apoyo del Congreso ni fue tomado en cuenta por el Ejecutivo Estatal, entonces encabezado por Fausto Vallejo.
El organismo se reinstaló recientemente y muy a pesar de lo políticamente correcto que resulta la defensa de la democracia participativa en los tiempos de la Cuarta Transformación, la Ley del Consejo Económico y Social de Michoacán se reformó permitiendo que el gobernador de la entidad designara directamente al titular del mismo, situación que cuando menos coloca en tela de juicio el carácter ciudadano de esta figura.
La aparición pública más resonada de esta instancia ocurrió apenas hace unos días en un acto eminentemente político en el que, a convocatoria del Consejo, acudieron diversos líderes de opinión, clase política y funcionarios públicos de la entidad a un encuentro con el precandidato presidencial, Adán Augusto Lopez Hernández.
Aunado a ello y desvinculado de sus funciones, este organismo abrió el foro a una campaña llamada “Amo Michoacán”, sin que esta tenga relación alguna con el análisis o evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, mandato fundamental del Consejo según la ley que le regula.
Más nueces y menos ruido es lo que requeriría la incesante tarea de la construcción de la democracia participativa. Más diálogo y menos discurso, es lo que reclama la formación de una ciudadanía proactiva y corresponsable en la solución de los problemas de la entidad. Menos histrionismo y más formalidad ayudaría a darle impulso a una experiencia que podría ser ejemplo nacional para los gobiernos locales de la Cuarta Transformación.