La más reciente novedad de los crímenes del caso Wallace consiste en la recomendación y reconocimiento de tortura contra Brenda Quevedo (127-2023) por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No hay que olvidar que Brenda no ha sido sentenciada en más de 10 años.
Las violaciones a los derechos humanos de Brenda fueron diversas, en diversos momentos y lugares. Fue víctima de agresiones desde su extradición a México, en el mismo aeropuerto, hasta en diversos penales en los que ha residido. Violaciones graves a sus derechos humanos como tortura, amenazas, incomunicación, no acceso a un abogado, entre otros tratos crueles y degradantes.
Esta no es la única recomendación relevante que ha emitido la CNDH, hay recientemente otras dos recomendaciones acerca de otras de las victimas del caso Wallace, César Freire y Jacobo Tagle. Ambas recomendaciones también reconocen tortura, violaciones a derechos humanos y diversas irregularidades en sus procesos.
Si bien las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes (no tienen consecuencia jurídica o material en los procesos formales que existan), son importantes en el caso Wallace y para las víctimas a las que se les reconoce como tales porque en anteriores denuncias ante la misma Comisión esta evadió negligentemente emitir recomendaciones y reconocer que hubo violaciones a los derechos humanos de los detenidos. También es relevante porque la CNDH reconoce varios años después la tortura de los detenidos; después de más 10 años esta enmienda sus omisiones.
Incluso desde el 2009 Brenda recurrió a la CNDH al ingresar quejas en al menos ocho veces pero simplemente fueron desechadas. La recomendación también reconoce que funcionarios de la CNDH actuaron de forma parcial y sin atender a las victimas al desechar injustificadamente las quejas, no solo de Brenda sino de todos los otros detenidos; mientras la misma Comisión solicitó al gobierno federal recursos para pagar un grupo de seguridad privada para Wallace por supuestas amenazas. Varias de estas irregularidades sucedieron en la gestión de Raúl Plasencia Villanueva (2009-2015).
Con estas recomendaciones, y acciones en general a favor de las víctimas, la CNDH rompe con su línea institucional trazada para no atender a las víctimas del caso Wallace; también rompe con una de las redes de protección criminal a favor de Miranda Wallace.
Esta recomendación de violaciones graves a los derechos humanos se suma a la opinión del Grupo De Trabajo Sobre La Detención Arbitraria de la ONU en favor de Brenda para reparar las violaciones a sus derechos humanos que ha sufrido durante todo su proceso. Violaciones que hasta ahora subsisten como la falta de atención medica en su reclusión.
Se espera que dichas opiniones sean utilizadas en la defensa de los juicios contra Brenda Quevedo y en las denuncias contra los funcionarios que cometieron los respectivos crímenes. Es una pequeña victoria que acerca un poco más a las víctimas a la justicia y a la verdad a la sociedad mexicana.