El Estado mexicano reconoció su responsabilidad por las fallas y omisiones sobre el caso de las desapariciones y feminicidios de seis jóvenes mujeres y la hija de una de ellas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 1995 y 2003.
La Secretaría de Gobernación (Segob) realizó este 6 de marzo, en el memorial “Víctimas de Feminicidio” ubicado en el campo algodonero de Ciudad Juárez, un acto de "Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública" por el "Caso 13.337 Silvia Elena Rivera Morales y Otras (niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez) Vs. México”, solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla, señaló que, “como representante del Estado mexicano, reconozco la responsabilidad por el feminicidio de María Elena Chávez Caldera, María Sagrario González Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez, Cecilia Covarrubias Aguilar, Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Silvia Elena Rivera Morales y la desaparición de la bebé Ibarra Covarrubias y ofrezco una sincera disculpa a las víctimas y sus familias.”
Asimismo, el subsecretario apuntó que el Estado permitió la impunidad y falló en “proteger la vida, integridad personal, libertad, personalidad jurídica, garantías judiciales, honra, igualdad y protección judicial de las víctimas”, además de vulnerar los derechos humanos de sus familias.
Por otro lado, previo al acto de Reconocimiento, Arturo Medina se presentó en las oficinas del gobierno de Chihuahua, donde suscribió el acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del “Informe de Fondo 288/21” de la CIDH con las familias de las víctimas.
Posterior al acto de Reconocimiento, el subsecretario develó una placa de bronce colectiva en la Fiscalía del Estado de Chihuahua y una cruz de concreto en nombre de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez en los terrenos de la antigua estación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferromex), en Ciudad Juárez.
En el acto estuvieron presentes autoridades municipales de Ciudad Juárez, del gobierno del estado de Chihuahua, así como representantes de Asociaciones Civiles.
El hallazgo de las osamentas de las mujeres en el campo algodonero de Ciudad Juárez fue un parteaguas dentro de lo que públicamente se conoce como los casos de “las muertes de Juárez”, al develar la negligencia del Estado mexicano en el esclarecimiento de los feminicidios de mujeres jóvenes en ese municipio chihuahuense durante la década de los noventa.