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  • 27 Sep 2025
  • 19:09
  • SPR Informa 6 min

Interceptó y retuvo DEA comunicaciones clave del caso Ayotzinapa desde 2014

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) interceptó desde 2014 mensajes y llamadas entre líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, que evidenciaban una red de corrupción con policías municipales de Iguala y autoridades estatales de Guerrero, implicadas en los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con una investigación publicada este 27 de septiembre por La Jornada, la agencia estadounidense descubrió, a través de un informante, que Guerreros Unidos operaba un sistema sofisticado para el tráfico de drogas hacia Chicago y el retorno de dinero en efectivo oculto en parachoques de autobuses de pasajeros con destino a México, incluyendo rutas que pasaban por Iguala.

La investigación se basa en documentos del Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington, D.C., y en el testimonio de las investigadoras Kate Doyle y Claire Dorfman, quienes accedieron a una serie de mensajes electrónicos interceptados por la DEA entre 2014 y 2015, algunos de los cuales se hicieron públicos por primera vez esta semana.

Pese a la relevancia de esta información, la DEA no compartió estos datos con las autoridades mexicanas sino hasta 2022, lo que impidió que las investigaciones iniciales contaran con pistas cruciales.

“Es imposible saber qué habría pasado si esa información hubiera llegado a los investigadores en México de inmediato, pero sin duda habría ofrecido pistas críticas que no existen en otro lugar”, señalaron Doyle y Dorfman, citadas por La Jornada.

Los mensajes eran entre los líderes del cártel, Adán Casarrubias Salgado (alias Silver o Tomato), en México, y Pablo Vega Cuevas (alias Transformer), en Chicago. Ambos se declararon culpables en 2025 por cargos relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado.

Según el análisis del Archivo de Seguridad Nacional, los mensajes muestran que los líderes del grupo criminal reaccionaron en tiempo real a los ataques en Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, con esfuerzos por encubrir sus actividades y proteger a sus colaboradores en el gobierno y las fuerzas de seguridad.

Doyle y Dorfman señalan que los textos revelan una extensa red de corrupción, que incluyó a autoridades locales, estatales, militares y navales, y que Guerreros Unidos se movilizó rápidamente para proteger a sus aliados en el gobierno tras el ataque.

La DEA había reunido esta evidencia como parte de una investigación sobre el tráfico de heroína en el medio oeste de Estados Unidos. Sin embargo, según las investigadoras, el gobierno mexicano bajo la administración de Enrique Peña Nieto no solicitó el expediente completo a pesar de los requerimientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).