Monsanto solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga la revisión del amparo que la compañía ganó en primera instancia contra el decreto que prohíbe el uso de glifosato en el territorio nacional por los riesgos para la salud.
La trasnacional afirma que de no acatarse la decisión que le otorgó un juez federal, se pondría en riesgo la autosuficiencia alimentaria del país.
A través de un comunicado Monsanto declaró que “esta resolución implicaría un criterio relevante al sistema jurídico nacional, el definir los parámetros relacionados con los deberes del Estado mexicano frente a la protección al derecho del medio ambiente y la salud de las personas, en contraposición de su deber de garantizar el desarrollo económico y la suficiencia alimentaria en el país”.
Recordemos que, de acuerdo con el Gobierno Federal, el decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020, el cual sustituye gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y la producción de maíz genéticamente modificado, tiene el objetivo de buscar alternativas sostenibles y adecuadas para mantener la producción de alimentos.
Desde que fue publicado este decreto, Monsanto promovió un amparo en contra de este ordenamiento, el cual ganó en primera instancia en julio de 2022. Pues según el juez titular del juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, el decreto no fue sustentado legalmente, aunque aceptó que se le presentaron muchos documentos científicos sobre los efectos nocivos del glifosato y el maíz transgénico.
El gobierno federal impugnó la decisión del juez Rebolledo ante el cuarto tribunal en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, ante lo cual Monsanto pidió a la Suprema Corte que reasuma su competencia y resuelva este caso, ponderando el interés económico sobre los derechos ambientales.