La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 13 de noviembre diversos asuntos relacionados con empresas que impugnaron créditos fiscales determinados por la autoridad hacendaria federal, derivados del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, así como sobre la posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones.
Des esta forma la Suprema Corte resolvió que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 48 mil 326 millones 809 mil pesos por impuestos, actualización, recargos y multas.
Cabe señalar que las empresas de grupo salinas promovieron 102 recursos ante la suprema corte durante los últimos cinco años, los cuales retrasaron la resolución definitiva los juicios contra créditos fiscales.
En todos los casos, las empresas inconformes acudieron primero ante la autoridad administrativa mediante recursos de revocación, que fueron resueltos en su contra.
Después interpusieron demandas ante el tribunal federal de justicia administrativa, el cual confirmó la legalidad de los créditos fiscales. Luego, las empresas promovieron juicios de amparo directo, que también fueron negados por los tribunales colegiados.
Finalmente, las empresas presentaron recursos de revisión que llegaron a la suprema corte.
Y hoy, en distintos proyectos, las y los ministros coincidieron que todos estos recursos de las empresas de grupo salinas carecían de interés excepcional y los desecharon, por lo que las empresas deberán pagar los montos establecidos por las autoridades tributarias.
La Corte señaló que los asuntos analizados —como la deducción de pérdidas por venta de acciones o la aplicación de reglas del régimen de consolidación fiscal— no presentan cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional.
Aún quedan pendientes dos juicios más que salinas pliego tiene en la suprema corte, los cuales podrían ser discutidos la próxima semana.
Con estas resoluciones, la Suprema Corte reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas en materia fiscal, fortaleciendo así su papel como garante de la justicia constitucional en México.