Restituye Gobierno de México más de 45 mil hectáreas de tierras a favor de los pueblos yaquis de Sonora 

En un esfuerzo por atender una demanda histórica de las comunidades originarias en el estado de Sonora, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), logró la restitución de 45 mil 475 hectáreas de tierras a favor de los pueblos yaquis en Sonora, cumpliendo así con el Plan de Justicia destinado a las comunidades indígenas. 

Durante una reunión realizada este domingo 7 de julio, con las autoridades tradicionales yaquis, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de restitución de 12 mil 978 hectáreas de tierra que se entregan, en propiedad colectiva, al pueblo Yaqui.

La subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Edna Vega Rangel, detalló que esta acción salda una deuda histórica del Estado mexicano con los yaquis y supera el decreto original del general Lázaro Cárdenas en aproximadamente 15 mil hectáreas adicionales. 

"Se han restituido un total de 45 mil 475 hectáreas, distribuidas en 2 mil 943 hectáreas de terrenos nacionales, 313 hectáreas de reversión de expropiación, 29 mil 241 hectáreas por decreto presidencial en una primera etapa, y 12 mil 978 hectáreas en una segunda fase", detalló la funcionaria. 

Además de la restitución de tierras, la Sedatu encabezó un conjunto integral de obras y proyectos en las comunidades yaquis: se han ejecutado 37 obras de mejoramiento urbano con una inversión de 292 millones de pesos (mdp), que incluyen la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CADI), guardias tradicionales, espacios deportivos, casas de salud, espacios públicos con canchas de usos múltiples, una cooperativa pesquera, una casa de cultura, un centro de aprendizaje comunitario, una casa del estudiante y la Universidad Yaqui. 

Además se han realizado 89 obras de infraestructura hidráulica en 48 comunidades, con una inversión de 853 millones de pesos. Estas obras comprenden una red de agua potable de más de 150 mil metros lineales, una red de alcantarillado de 181 mil metros lineales, la instalación de 62 tanques elevados, 12 cárcamos de bombeo, así como más de cinco mil tomas de agua y descargas domiciliarias. 

A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de México, reportó un avance del 65 % en la ampliación y rehabilitación del Distrito de Riego 018, con una inversión de 9 mil 546 mdp. Esta expansión beneficiará hasta 61 mil 223 hectáreas potenciales para riego, beneficiando a 42 mil 200 productores yaquis. El proyecto incluye la recuperación de 2 mil 237 hectáreas en desuso, la rehabilitación de 23.8 km y la construcción de 52.83 km del canal principal.

El proyecto del Acueducto Yaqui contempla la construcción de una infraestructura de 241 kilómetros, con 166 kilómetros de línea principal y 75 kilómetros de ramales secundarios, así como una obra de toma desde la presa Oviáchic y una planta potabilizadora con capacidad para tratar 200 litros por segundo (l/s). Con una inversión de 2 mil 55 millones de pesos (MDP), se espera beneficiar a 50 comunidades mediante el abasto de agua potable, con un avance físico del 97 % y previendo su conclusión en los próximos meses. 

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) también ha entregado 2 mil 191 apoyos directos a los ocho pueblos yaquis, con una inversión total de 404 millones de pesos durante este sexenio.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró la continuidad de proyectos y la transición ordenada del gobierno del presidente López Obrador al de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Celebro particularmente la coincidencia entre la doctora Sheinbaum y el presidente López Obrador en los proyectos más estratégicos para nuestros país, particularmente en el plan de Justicia Yaqui", detalló.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, aseguró que habrá continuidad de la cuarta transformación y continuidad en el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Asimismo, se comprometió a dar seguimiento a la propuesta de reforma que plantea reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, como sujetos de derecho público.