El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Colby Jenkins, aseguró este martes 8 de abril ante una comisión del Senado que las fuerzas de operaciones especiales no tienen autoridad legal para lanzar ataques militares —incluidos ataques con drones— contra cárteles de la droga en territorio mexicano, pese a que el presidente Donald Trump designó a estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras.
“La designación no otorga automáticamente nueva autoridad al Departamento de Defensa”, explicó Jenkins en respuesta a una pregunta directa de la senadora demócrata Elissa Slotkin, quien solicitó precisión sobre si las fuerzas armadas pueden utilizar fuerza letal contra estos grupos más allá de la frontera.
“Lo que hace es abrir las puertas a un nuevo enfoque del gobierno. Por ejemplo, los analistas de amenazas financieras ahora pueden asesorar mejor sobre los objetivos a sus contrapartes en otras agencias”, explicó Jenkins.
Cuando Slotkin insistió preguntando: “¿Tiene la autoridad para atacar a los cárteles mexicanos más allá de la frontera en este momento?”, el funcionario respondió con firmeza: “No”.
El general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, señaló previamente ante el Senado que se han incrementado los vuelos de vigilancia tripulados a lo largo de la frontera sur para monitorear las actividades de los cárteles y el flujo de fentanilo. También confirmó que se ha intensificado el intercambio de inteligencia con el gobierno mexicano con base en la información recabada durante esos vuelos.
No obstante, Guillot reconoció que, si bien se está explorando un mayor nivel de cooperación, cualquier operación de asesoría y asistencia militar en México requeriría una mayor autorización del Congreso estadounidense.
“Pediría más tipos de operaciones de asesoramiento y asistencia entre nuestras fuerzas y las fuerzas mexicanas de nivel uno”, dijo, refiriéndose a las unidades de élite del ejército mexicano.
Pese al fanfarroneo con el que Trump anunció la designación de los cárteles como grupos terroristas, los efectos más tangibles de esta medida se centran en el combate financiero, permitiendo a las agencias estadounidenses rastrear, congelar y confiscar bienes y recursos económicos relacionados con estas organizaciones criminales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que con el gobierno de Estados Unidos habrá cooperación y coordinación, pero “nunca subordinación”. Este balance entre la retórica política y la realidad operativa evidencia el complejo entramado de la seguridad fronteriza y las relaciones bilaterales, donde las designaciones simbólicas no se traducen de inmediato en acciones militares sobre territorio soberano. La declaración de Jenkins reafirma que, por el ahora, el arsenal de EE. UU. dirigido a las actividades de los cárteles se concentra en la inteligencia y la vigilancia, manteniendo firme la postura de respeto a la soberanía mexicana.