La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la oposición busca desacreditar anticipadamente las elecciones de 2027 debido a que sus partidos tienen “poca credibilidad y baja aprobación en las encuestas”, por lo que recurren a poner en duda la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 11 de noviembre, la mandataria mexicana aseguró que los comicios están garantizados y sostuvo que los señalamientos sobre posibles actos de corrupción no deben confundirse con la capacidad de las instituciones para organizar elecciones libres y transparentes.
En este sentido, reiteró que es necesario realizar una auditoría profunda a los contratos del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no solamente durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino también en administraciones anteriores, para identificar desde cuándo opera una presunta red de empresas que se ha beneficiado de los procesos electorales en el país.
Sheinbaum Pardo cuestionó al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, por no actuar para evitar esta situación a pesar de señalar que conocía la existencia de un grupo reducido de empresas que concentraba contratos para la elaboración de materiales electorales.
Además, la presidenta indicó que durante la gestión de Córdova al frente del organismo, de 2014 a 2023, el exconsejero presidente también participó en la contratación de estas compañías, además de encabezar el Consejo General que designó a los consejeros electorales de las 32 entidades, quienes posteriormente realizaron las contrataciones con los proveedores.
Cabe recordar que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó y documentó una red de contrataciones irregulares, triangulación de recursos y simulación contractual que operaba en el INE y en diversos OPLEs desde el año 1999, la cual involucra a exintegrantes del organismo electoral agrupados actualmente en el partido SOMOS MX.
La red está constituida por seis compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLEs designados por el Consejo General del INE asignaron contratos por 2,094 millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales. Además, entre 2024 y 2025, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 OPLEs.
Ante esta situación, Claudia Sheinbaum consideró que deben investigarse las condiciones en las que se consolidó un presunto monopolio u oligopolio electoral, así como los posibles sobreprecios en la adquisición de boletas, papelería y otros materiales, pues aseguró que algunas empresas cobraban hasta el doble o el triple.
La mandataria también rechazó los señalamientos que buscan vincular a Guadalupe Taddei con Morena, al recordar que la exconsejera presidenta del INE fue designada en 2014 al frente del organismo electoral de Sonora por el Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova.
Asimismo, explicó que su llegada a la presidencia del INE en 2023 se realizó mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, luego de que las fuerzas políticas no alcanzaran la mayoría calificada para elegir a la titular del organismo.
Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales no surgieron durante la administración de Taddei, sino que tienen antecedentes desde 1999, por lo que pidió que las investigaciones abarquen toda la historia de esta red de proveedores y se deslinden responsabilidades administrativas o penales, en caso de existir elementos.
La presidenta también cuestionó la trayectoria de quienes hoy forman parte de la oposición y de la organización política Somos México, entre ellos exintegrantes del INE, al recordar los cuestionamientos históricos a los procesos electorales de 2006 y 2012.
En ese contexto, aludió a las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en la elección de 2006, así como a las denuncias de compra de votos durante los comicios de 2012.
Finalmente, Sheinbaum insistió en que la revisión de los contratos no busca debilitar al INE, sino garantizar su transparencia, evitar que los recursos públicos se concentren en un grupo de proveedores y asegurar que las elecciones de 2027 se desarrollen con plena certeza para la ciudadanía.