Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para asegurar el cumplimiento de las asignaciones de agua del río Bravo correspondientes al ciclo de entregas de cinco años, que comenzó el 25 de octubre de 2020 y concluirá el próximo 24 de octubre, así lo anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El convenio, resultado de reuniones técnicas entre autoridades de ambos países, busca mitigar un posible faltante en las entregas de agua por parte de México hacia el cierre del ciclo. Entre las medidas acordadas se incluyen transferencias inmediatas de agua y previsiones para la próxima temporada de lluvias.
Ambas naciones reafirmaron su compromiso con el Tratado de 1944, que ha sido fundamental para el desarrollo de la frontera norte, y descartaron cualquier intención de renegociarlo. El enfoque principal del acuerdo es garantizar el suministro de agua para consumo humano en las comunidades mexicanas que dependen del río Bravo.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) jugará un papel clave en la formalización y seguimiento de estas acciones, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Asimismo, se contempla la elaboración de un plan estratégico para el próximo ciclo de entregas, con la implementación de consultas anuales de alto nivel para fortalecer la cooperación bilateral.
Autoridades de ambos países destacaron que el Tratado de 1944 continúa brindando beneficios equitativos para México y Estados Unidos, por lo que reiteraron su respaldo al instrumento internacional que regula el uso de las aguas transfronterizas.
El Tratado de Aguas de 1944, firmado el 3 de febrero de ese año entre México y Estados Unidos, sigue siendo el instrumento clave que regula el aprovechamiento conjunto de las aguas de los ríos Colorado, Bravo (o Grande) y Tijuana.
El acuerdo establece que Estados Unidos debe entregar a México un volumen anual de 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe proporcionar en promedio 432 millones de metros cúbicos al año de los afluentes mexicanos hacia el río Bravo. Este último compromiso se evalúa en ciclos de cinco años, permitiendo ajustes si se presentan fenómenos como sequías severas.
El tratado también dispuso la creación de la CILA, un organismo binacional responsable de supervisar el cumplimiento de los compromisos, atender conflictos, construir infraestructura hidráulica conjunta y coordinar acciones técnicas.
Entre sus principios fundamentales, el acuerdo prioriza el suministro de agua para consumo humano y establece que cualquier diferencia deberá ser resuelta mediante el diálogo y la cooperación técnica, evitando decisiones unilaterales.
A más de 80 años de su firma, el tratado ha permitido un reparto relativamente estable en una región caracterizada por la escasez hídrica. No obstante, en épocas de sequía o bajo presión del cambio climático, su cumplimiento ha generado tensiones, particularmente en el manejo de los ciclos de entrega de agua en el río Bravo.
Autoridades de ambos países han reafirmado recientemente su compromiso con este tratado, descartando su renegociación y destacando los beneficios mutuos que ha aportado a lo largo de las décadas.