Llama Volker Türk a no politizar ni polarizar las desapariciones en México tras concluir su visita

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió una declaración al concluir cuatro días de visita de trabajo en México, en la que destacó avances y desafíos, y agradeció al gobierno mexicanos por su disposición y apertura. 

Subrayó sus encuentros con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como con senadores, organismos públicos de derechos humanos a nivel federal y estatal y organizaciones de la sociedad civil.

Defensores de Derechos Humanos

Advirtió que la violencia sigue siendo uno de los principales retos en el país y señaló que periodistas, en particular mujeres reporteras, enfrentan riesgos graves al investigar temas como crimen organizado y corrupción.

Indicó que escuchó a personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, y destacó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas destacó como un referente en la región por su modelo de gobernanza que integra a la sociedad civil, aunque reconoció que requiere mayor efectividad.

Durante su reunión con la titular de la FGR coincidieron en la necesidad de fortalecer las investigaciones en casos que involucren a periodistas y personas defensoras. 

Señaló que el crimen organizado, vinculado al tráfico de drogas y al flujo de armas y municiones, tiene un impacto significativo en los derechos humanos, y aunque reconoció los esfuerzos del Estado para enfrentarlo, consideró que estos son aún insuficientes frente a la magnitud del problema.

Reforma Judicial

El Alto Comisionado también subrayó la importancia de fortalecer instituciones civiles sujetas a mecanismos de rendición de cuentas y advirtió que la impunidad sigue siendo una de las principales demandas de víctimas y defensores, quienes exigen justicia, reconocimiento del daño y garantías de no repetición. Asimismo, señaló que las reformas recientes deben asegurar la independencia y funcionalidad del sistema judicial, con salvaguardas para las personas juzgadoras frente a posibles interferencias indebidas.

Señaló que México ha impulsado una reforma que amplía la representatividad y debe preservar la independencia y funcionalidad del Poder Judicial, garantizando salvaguardas para las personas juzgadoras frente a interferencias indebidas. Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció avances para acercar la justicia a la población y el reconocimiento del pluralismo jurídico acorde con la diversidad cultural, social y étnica del país.

Expresó preocupación por el uso de la prisión preventiva frente al principio de presunción de inocencia, y alentó a revisar las medidas judiciales y priorizar alternativas. Confió en que el diálogo entre organismos de derechos humanos y la Corte fortalezca la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.

Desparaciones: no politizar

Advirtió que las desapariciones representan uno de los desafíos más graves y dolorosos en México, al generar un sufrimiento prolongado para las familias y erosionar la confianza en el Estado. Reconoció la labor de los colectivos de búsqueda, especialmente de las madres buscadoras, y expresó solidaridad ante testimonios de quienes enfrentan riesgos y falta de respuestas al recorrer el sistema judicial. Subrayó que deben contar con todas las garantías de protección como personas defensoras de derechos humanos.

Indicó que México cuenta con un marco jurídico robusto, centrado en la Ley General en materia de desaparición de personas, referente internacional elaborado con participación de víctimas; no obstante, consideró necesario fortalecer su aplicación, así como los mecanismos de búsqueda, identificación forense, protección y capacidades de investigación. Añadió que la reciente adopción de un protocolo actualizado es un avance, cuya implementación efectiva y coordinación entre autoridades será clave para combatir la impunidad.

Reconoció la voluntad política para fortalecer instituciones y el papel de los colectivos como actores fundamentales, por lo que llamó a garantizar su participación y seguridad en las decisiones, con impacto a nivel local. Señaló que la crisis de desapariciones exige un compromiso de Estado que trascienda posturas políticas, haciendo un llamado a no politizar ni polarizar con el tema de los desaparecidos y ponga al centro a las víctimas.

Ofreció al gobierno mexicano asistencia y cooperación para fortalecer sus instituciones e invitó a mantener la colaboración. También destacó la reforma indígena de 2024 al artículo 2 constitucional, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos y sienta una nueva relación basada en la autonomía, así como los esfuerzos para impulsar la ley general en la materia y promover las lenguas indígenas.

Reconoce combate a la pobreza y trabajo de la Secretaría de Mujeres

Finalmente, reconoció el trabajo de la Secretaría de las Mujeres para transversalizar la perspectiva de género y los mecanismos de protección, aunque manifestó preocupación por los niveles persistentes de violencia y feminicidios, con un promedio de siete mujeres asesinadas al día; consideró que la próxima ley general, orientada a homologar procesos, representará un avance relevante.

Reconoció el combate a la pobreza y su reducción en el país, impulsados por programas de asistencia social, la ampliación del acceso económico, el incremento al salario mínimo y apoyos a población en situación de vulnerabilidad, así como la pensión para adultos mayores, lo que calificó como una “economía de derechos humanos” que coloca a las personas en el centro de las decisiones económicas.

También reconoció el papel de México como actor regional y global en el impulso al multilateralismo y la defensa de los derechos humanos, y destacó su colaboración con las Naciones Unidas.