Firma Donald Trump orden ejecutiva para sancionar a "ciudades santuario" que protejan a personas migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ejecutiva este día con el objetivo de retirar recursos públicos a las entidades conocidas como “ciudades santuario”, ya que, el mandato presidencial ordena que aquellos estados que obstruyan la detención de personas inmigrantes serán identificados para suspender o terminar con sus fondos.

Este 28 de abril, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que señala que dentro de los siguientes 30 días la Fiscalía General de Estados Unidos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense publicará una lista de los estados y jurisdicciones locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El documento explica que una vez que se publique esta lista, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Nacional actualizarán dicho listado según sea necesario. Asimismo, la orden explica que “inmediatamente después de cada publicación” se notificará a cada jurisdicción santuario sobre su desafío a la aplicación de la ley federal de inmigración y cualquier posible violación de la ley penal federal.

La orden ejecutiva que firmó este día el presidente Donald Trump detalla que las consecuencias para el estado o jurisdicción santuario que aparezcan en la lista por obstruir en la detención de migrantes se les retirarán fondos federales o se les dará por terminadas subvenciones y contratos, los cuales serán ejecutados por el jefe de cada departamento ejecutivo o agencia, en coordinación con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Asimismo, se explica que en caso de que las entidades sigan siendo identificadas como jurisdicciones santuario pese a haber recibido notificación de dicho estatus “se buscarán todos los recursos legales y medidas de cumplimiento necesarios para poner fin a estas violaciones y poner dichas entidades en cumplimiento con las leyes de los Estados Unidos”.

Otra de las acciones que se realizarán con esta orden ejecutiva contra las ciudades santuario serán que el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Fiscalía General, elaborarán directrices, normas u otros mecanismos apropiados para garantizar que se realice la verificación de elegibilidad correspondiente para las personas extranjeras que reciben beneficios públicos federales.

También se tomarán las medidas pertinentes para detener la aplicación de leyes, reglamentos, políticas y prácticas estatales, así como locales, que favorezcan a los extranjeros en detrimento de cualquier grupo de ciudadanos estadounidenses, debido a que podrían ser ilegales, estén invalidadas por la ley federal o sean inaplicables por cualquier otro motivo. 

Esto incluye las leyes estatales que otorgan matrícula de educación superior estatal a los extranjeros, pero no a los ciudadanos estadounidenses de otros estados, que puedan infringir el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección mil 623, o que favorezcan a los extranjeros en cargos penales o sentencias.

Orden para dar más recursos a fuerzas de seguridad federal 

Además de esta orden ejecutiva, el presidente Trump firmó otra que endurecerá la seguridad de Estados Unidos a través de mayores recursos para las fuerzas armadas estadounidenses.

“Mi Administración trabajará para garantizar que los agentes del orden en todo Estados Unidos se centren en terminar con el crimen, no en perseguir políticas de "equidad" dañinas e ilegales basadas en la raza y el sexo”, escribió Trump en su orden ejecutiva.

Este decreto también establece que el Procurador General tomará todas las medidas apropiadas para crear un mecanismo que proporcione recursos legales e indemnización a los agentes de policía que injustamente incurran en gastos y responsabilidades por las acciones tomadas durante el desempeño de sus deberes oficiales para hacer cumplir la ley. 

Asimismo, se señala que las autoridades tomarán todas las medidas apropiadas para maximizar el uso de los recursos federales, las cuales incluyen:

Proporcionar nuevas prácticas recomendadas a las fuerzas de seguridad estatales y locales para vigilar agresivamente a las comunidades contra todos los delitos.

Ampliar el acceso y mejorar la calidad de la capacitación disponible para las fuerzas de seguridad estatales y locales.

Aumentar el salario y los beneficios de los agentes de policía.

Fortalecer y ampliar las protecciones legales para los agentes del orden público. 

Buscar sentencias más severas para los delitos contra agentes del orden público.

Promover la inversión en la seguridad y la capacidad de las prisiones; y aumentar la inversión en la recopilación, distribución y uniformidad de datos sobre delincuencia en todas las jurisdicciones.

También se estipula que dentro de los 60 días a partir de la fecha de esta orden, el Procurador General revisará todos los decretos federales en curso, los acuerdos extrajudiciales y las órdenes posteriores al juicio en los que una agencia de aplicación de la ley estatal o local sea parte y modificará, rescindirá o moverá para concluir dichas medidas que impidan indebidamente el desempeño de las funciones de aplicación de la ley.

Además, dentro de los siguientes 90 días a partir de la fecha de esta orden, se aumentarán la provisión de activos militares y de seguridad nacional excedentes en jurisdicciones locales para ayudar a la aplicación de la ley estatal y local.