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  • 18 Apr 2024
  • 16:04
  • SPR Informa 6 min

Expropia el Ejecutivo Federal la planta de Hidrogeno ubicada en la refinería de Tula

El presidente Andrés Manuel López Obrador público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el cual se expropia la planta productora de hidrogeno U-3400 ubicada en la refinería de Tula, en Hidalgo, la cual fue adquirida por la empresa Air Liquide durante la administración de Enrique Peña Nieto por 52.7 millones de dólares.

De acuerdo con el decreto, la planta está diseñada para producir 2.1 millones de metros cúbicos de hidrogeno al día de alta pureza, el cual es necesario para diferentes procesos de hidrodesulfuración, mediante el cual se producen combustibles como la gasolina y el diésel con bajo contenido de azufre.

Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre de 2023 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se declara de utilidad pública el suministro de hidrógeno de la Planta Productora de Hidrógeno denominada U-3400, ubicada en la fracción de terreno de 6,451.78 m² al interior de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula de Allende, estado de Hidalgo, y se ordena la ocupación temporal a favor de Pemex Transformación Industrial", por lo que Pemex Transformación Industrial procedió a ocuparla de forma inmediata, y a partir de dicha fecha es responsable de la operación y conservación de la misma.

El presidente López Obrador justificó la expropiación por causa de utilidad pública prevista en el artículo 1, fracciones I, III Bis y XII, de la Ley de Expropiación pues la noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas.