Desbloquean jueces más de 23 mil mdp a personas sujetas a investigaciones: Pablo Gómez

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que, de diciembre de 2018 a marzo de 2025, jueces han desbloqueado 23 mil 575 millones 925 mil 786 pesos a personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

Informó que, en dicho periodo, se incluyeron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales (empresas), en total 7 mil 815 sujetos, de los cuales se han desincorporado de la LPB a 910 personas físicas y 360 morales. 

Durante la Mañanera del Pueblo, afirmó que actualmente se encuentran en la LPB 4 mil 994 personas físicas y mil 551 personas morales, en total 6 mil 545 sujetos. 

Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 531 millones 158 mil 722 pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Como resultado de resoluciones judiciales, así como del tribunal contencioso administrativo y de la UIF, se han desbloqueado recursos de acuerdo con lo siguiente:

• 23 mil 575 millones 925 mil 786 pesos por resolución judicial 
• 82 millones 470 mil 307 por resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
• 5 mil 61 millones 520 mil 251 pesos por resoluciones de la UIF

Detalló que una persona que es incorporada a la Lista tiene dos posibilidades de objetar la incorporación: un amparo o una audiencia en la UIF.

El caso del amparo se pide una suspensión y la gran mayoría de los jueces lo admiten, lo que permite utilizar los recursos, aunque la persona siga incorporada a la lista.

Mientas que, en una audiencia ante la UIF, si se considera que la persona afectada tiene razón se elimina de la lista, en caso contrario el señalado tiene derecho de objetar la resolución en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo asunto termina igualmente en un amparo.

Pablo Gómez aseguró que actualmente los jueces otorgan suspensiones previas al juicio de amparo, y “ahora ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la Lista a personas con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva. Porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales, en la segunda sala y resolvieron que la materia del amparo puede ser eliminada de un juicio de amparo, con tal de beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente”. 

Señaló que este actuar de los jueces no puede ser producto más que de estructuras de corrupción “porque nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo. Una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces y otra que todos los jueces caminan o la inmensa mayoría de ellos, caminan por el mismo sendero”.

Aseguró que el Poder Judicial se ha convertido en el “elemento más militantemente contrario al desarrollo del Sistema de Inteligencia Financiera de México, y eso no es justo”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cuando hay evidencia de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, la  UIF bloquea las cuentas y “estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces, estamos hablando de 35 mil mdp, una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio”.

Señaló que no puede haber este tipo de colusión de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte.

“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo o por delincuencia organizada y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, no tiene otro nombre, se llama corrupción”, afirmó la mandataria.  

Informó que ya se prepara una modificación a una ley en el Senado y modificaciones legales para que estas situaciones ya no se repitan. 

Caso Inés Gómez Mont

Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio detalles de la liberación de las cuentas de la conductora de televisión Inés Goméz Mont y su esposo el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalados de los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero desde 2021 por un monto que supera los 2 mil 900 millones de pesos a través de empresas fantasma y otros mecanismos financieros. 

Señaló que esta decisión se debió a que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023 emitida por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México o, que otorgó amparo para que se les eliminara de la Lista de Personas Bloqueadas.

En consecuencia, el 4 de marzo de este año, en acatamiento a lo ordenado por la jueza de distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo siguiente, el juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

Por lo tanto, la orden del Poder Judicial de eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a los señalados les permite hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en su contra.

El titular de la UIF reiteró que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato que recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita continúen siendo integrados a la economía nacional.

Agregó que la dependencia no realiza los bloqueos sino las instituciones financieras por disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera al incorporar sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.

Sobre la pareja, detalló que vive en Estados Unidos y han podido eludir la extradición a México “hasta este momento” para que enfrenten su responsabilidad ante los tribunales mexicanos.

Aseveró que, sin juicio de fondo, la pareja que sigue en la Lista de Personas Bloqueadas puede hacer operaciones libremente en el sistema financiero mexicano “así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas y que son liberados por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero”, denunció.

Por tal motivo, resaltó la necesidad de crear reformas que permitan que el Sistema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su persecución ante los tribunales como delito federal sea fortalecido.