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6 min México conmemora este miércoles el 55 aniversario del Halconazo o Matanza del Jueves de Corpus, uno de los episodios más graves de represión política y violencia de Estado contra el movimiento estudiantil durante el siglo XX.
El 10 de junio de 1971, alrededor de 10 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras instituciones educativas marcharon por las calles de la capital en solidaridad con la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y para exigir mayores libertades democráticas, la liberación de presos políticos y el fin de la represión gubernamental.
La movilización partió del Casco de Santo Tomás con rumbo al Zócalo capitalino. Sin embargo, cuando avanzaba por la Calzada México-Tacuba y la avenida San Cosme, fue atacada por integrantes del grupo paramilitar conocido como Los Halcones, quienes utilizaron palos, cadenas, varillas y posteriormente armas de fuego contra los manifestantes.
La masacre ocurrió menos de tres años después de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Aunque el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez había prometido una apertura política al asumir el cargo en diciembre de 1970, amplios sectores de la comunidad estudiantil mantenían la desconfianza hacia las autoridades debido a la falta de justicia por los hechos de 1968.
Durante los años sesenta y setenta, el Estado mexicano desarrolló mecanismos de vigilancia y control contra movimientos sociales, sindicales y estudiantiles. En ese contexto surgieron grupos de choque utilizados para contener protestas y movilizaciones.
Investigaciones históricas y documentos desclasificados identifican a Los Halcones como un grupo paramilitar integrado por jóvenes reclutados en barrios populares, porros y exmilitares, que recibieron entrenamiento especial por instructores mexicanos y estadounidenses para intervenir en movilizaciones sociales.
Diversas investigaciones señalan que el grupo operaba bajo la coordinación de funcionarios del entonces Departamento del Distrito Federal, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Secretaría de Gobernación y que contaba con apoyo logístico de cuerpos de seguridad. Su actuación durante el 10 de junio de 1971 evidenció una operación organizada para disolver violentamente la protesta.
Su función era contener movimientos sociales, especialmente estudiantiles, mediante el uso de la fuerza extralegal.
Testigos de la época documentaron que los agresores llegaron en autobuses, vehículos oficiales e incluso ambulancias. Además, persiguieron a estudiantes heridos hasta hospitales y centros de atención médica.
Las cifras oficiales y las estimaciones de organizaciones civiles difieren sobre el número de víctimas. Mientras algunas investigaciones hablan de varias decenas de fallecidos, otras estiman que más de un centenar de personas pudieron haber sido asesinadas. También se registraron cientos de heridos y numerosas detenciones arbitrarias.
La represión fue presenciada por periodistas nacionales y extranjeros, cuyas fotografías y testimonios permitieron desmentir la versión oficial que inicialmente intentó atribuir los hechos a enfrentamientos entre grupos estudiantiles.
El presidente Luis Echeverría negó tener conocimiento de la operación y atribuyó la violencia a “grupos infiltrados”, también prometió una investigación que nunca llegó.
La presión pública obligó al gobierno federal a reconocer la existencia de Los Halcones. Días después de la masacre presentó su renuncia Alfonso Martínez Domínguez, entonces regente del Departamento del Distrito Federal.
Sin embargo, durante décadas no hubo sanciones penales contra los responsables. En 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el objetivo de investigar los crímenes cometidos durante la llamada "guerra sucia", aunque los avances fueron limitados.
En 2006, un juez determinó la responsabilidad del expresidente Luis Echeverría en los hechos; no obstante, años después fue exonerado por falta de pruebas suficientes para sostener una condena.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha considerado el Halconazo como un caso emblemático de violaciones graves a los derechos humanos, particularmente a los derechos de reunión, asociación, libre expresión y protesta social.
A lo largo de los años, organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y colectivos estudiantiles han impulsado acciones para preservar la memoria histórica y exigir el esclarecimiento de los hechos.
Este 10 de junio, diversas organizaciones realizaron actividades conmemorativas, foros, exposiciones y movilizaciones para recordar a las víctimas y reiterar la demanda de verdad, justicia y garantías de no repetición.
A 55 años de la matanza, el Halconazo permanece como un símbolo de la lucha estudiantil y un recordatorio de la importancia de defender las libertades democráticas y los derechos humanos en México.
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