Caso Wallace: nueva representación jurídica de Brenda Quevedo asume el caso y exige su liberación inmediata

Un nuevo equipo multidisciplinario de defensa legal y organizaciones civiles asumió formalmente la representación jurídica de Brenda Quevedo Cruz, procesada por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien exigió su liberación inmediata al denunciar que el proceso penal en su contra representa uno de los mayores fracasos del sistema jurídico mexicano.

En una conferencia de prensa ofrecida este 29 de junio, la nueva defensa anunció la presentación de tres nuevos amparos orientados a conseguir la libertad de Quevedo Cruz, a tras casi dos décadas de un proceso marcado por tortura, violaciones al debido proceso e irregularidades insostenibles.

Asimismo, informaron el nacimiento de la Red Internacional de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo, un frente de organizaciones, defensores de derechos humanos, periodistas y académicos que vigilará el actuar de las autoridades judiciales.

Esta nueva representación legal colectiva estará integrada por especialistas de CEA Justicia, la Clínica Jurídica "Minerva Calderón" de la IBERO Puebla, la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Perteneces y la Red de Abogadas "Digna Ochoa".

Las defensoras señalaron que el llamado caso Wallace, iniciado en 2005 tras la denuncia de la desaparición de Hugo Alberto Wallace por parte de su madre, Isabel Miranda, se construyó a partir de un crimen fabricado, declaraciones obtenidas bajo coacción y pruebas ilícitas. 

“Queremos dejar claro nuestro objetivo, queremos justicia y liberación inmediata para Brenda Quevedo Cruz. […] Hace casi 20 años, su vida cambio de forma radical al quedar atrapada en una de las historias judiciales más controvertidas del país, el caso Wallace. (Brenda) Durante años fue expuesta públicamente, calumniada y difamada, señalada por la señora Isabel Mindad de Wallace”, explicó su abogada.  

Quevedo Cruz ha sostenido de manera constante que durante su detención preventiva fue víctima de tortura física y psicológica, así como de tortura sexual, con el fin de obligarla a firmar una confesión autoinculpatoria que incriminara a otros implicados, declaración que se negó a suscribir.

La defensa subrayó que estas graves violaciones han sido ampliamente documentadas y acreditadas por instancias nacionales e internacionales, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. No obstante, el Estado mexicano ha mantenido pendientes de cumplimiento las resoluciones y recomendaciones emitidas por dichos organismos.

Precedentes jurídicos y omisión judicial

El equipo legal recordó que el expediente cuenta con precedentes clave que debilitan la acusación original. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González tras determinar que la confesión que sostenía el caso fue obtenida mediante tortura. Asimismo, recordaron que la resolución de la SCJN en el amparo directo 26/2022 sentó un punto de inflexión al reconocer explícitamente la ilicitud de las pruebas obtenidas mediante tortura en este mismo caso.

A pesar de estos criterios y de que la instrucción del juicio se cerró formalmente hace 11 años, el juez de la causa ha postergado dictar la sentencia definitiva debido a constantes recursos y amparos interpuestos con el fin de retrasar el proceso.

Actualmente, Brenda Quevedo permanece bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria a la espera de una resolución que su defensa confía concluya en una sentencia absolutoria.

“Nunca hubiera imaginado que tomara tanto tiempo poder demostrar mi inocencia y defender mi causa. Yo no tengo nada que ver con eso. Solo pido que me liberen, que ya me sentencien y me digan que esto ya se acabó”, sentenció Quevedo Cruz.

Finalmente, la recién constituida Red de Solidaridad hizo un llamado enérgico a las autoridades judiciales a actuar sin dilación, con transparencia y bajo el escrutinio público, advirtiendo que el Estado ya no puede posponer la rendición de justicia.