La Fiscalía General de la República (FGR) busca castigar a Jaime Cabrera López y Elizabeth Juárez Luna, agentes de la Policía Federal Ministerial, por los delitos de desaparición forzada y falsificación de documentos en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Esta decisión surgió luego de que los policías presentaron un informe el 26 de octubre de 2014 en el que se detalló la estructura del grupo delictivo “Guerreros Unidos” citando como fuente a una señora de 60 años, mismo que la FGR consideró como un montaje.
El documento derivó luego de que la FGR recibió una llamada telefónica el 25 de octubre de 2014, en la que se denunció a Patricio “El Pato”, Salvador “El Chava”, Amelia “La Mencha”, una persona de nombre Agustín y otro apodado “El Cepillo” o “El Terco” y al único que se ubicó con nombre y apellido fue a César Nava, ex subdirector de la policía de Cocula, Guerrero.
Ante esto, la fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Blanca Alicia Bernal Castilla, giró un oficio para que los dos agentes viajaran a Guerrero para indagar sobre la información proporcionada en la llamada, presentando el reporte del 26 de octubre de 2014, pero la Fiscalía asegura que la llamada fue sembrada y que no hay evidencias de que los uniformados viajaron a Guerrero.
A raíz de este informe, el 27 de octubre de 2014 fueron detenidos Jonathan Osorio Cortés “El Jona”, Patricio Reyes Landa “El Pato”, Darío Morales Sánchez “El Comisario” y Agustín García Reyes “El Chereje”.
El mismo día de la detención, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, a las 16:00 horas ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre los detenidos y sus declaraciones, pero los arrestados fueron puestos a disposición de la SEIDO a las 23:00 y 23:15 horas de ese día, y declararon ante el Ministerio Público Federal hasta la madrugada del 28 de octubre, lo que detona que se proporcionó información aportada por sujetos que no habían sido puestos a disposición del Ministerio Público.
Por esto la Fiscalía ya solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, fijar hora y fecha para una audiencia de imputación contra los policías.