La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las acciones del gobierno de Estados Unidos que podrían derivar en la revocación de licencias de medios de comunicación como posible represalia por contenidos críticos hacia la administración del presidente Donald Trump.
El pasado martes, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ordenó una revisión anticipada de la licencia de la cadena ABC, luego de que el mandatario exigiera el despido del comediante Jimmy Kimmel por una broma dirigida a la primera dama, Melania Trump.
Kimmel realizó una parodia sobre la cena anual de los periodistas que cubren la Casa Blanca, en la que fingió ser el comediante encargado de amenizar el evento.
“Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante”, afirmó en la emisión del pasado jueves 23 de abril.
El contexto que intensificó la indignación de la familia Trump fue un incidente de seguridad ocurrido el sábado 25 de septiembre: Durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton, un hombre armado identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, intentó vulnerar un punto de control del Servicio Secreto.
El atacante portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y logró herir a un agente antes de ser sometido y arrestado. El evento, al que Trump asistía por primera vez como presidente en funciones, fue cancelado de forma abrupta. Agentes del Servicio Secreto evacuaron de emergencia al mandatario, a la primera dama, al vicepresidente JD Vance y a otros miembros del gabinete, mientras cientos de periodistas y asistentes se resguardaban debajo de las mesas.
Este ataque fue vinculado rápidamente por Trump y sus aliados con la broma de Kimmel, al argumentar que la retórica del comediante había servido como un “llamado a la violencia”.
Al respecto, el presentador rechazó estas acusaciones y defendió el carácter humorístico de su comentario. “Fue una broma muy suave sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue, ni por asomo, una llamada al asesinato. Y ellos lo saben”, expresó Kimmel en el episodio de este lunes de su programa ‘Jimmy Kimmel Show’, transmitido por ABC.
Asimismo, reiteró su postura en contra de la violencia armada y defendió su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
“Estoy de acuerdo en que debemos rechazar la retórica de odio y violencia. También debo señalar que Donald Trump tiene derecho a decir lo que quiera, al igual que usted, al igual que yo y al igual que todos nosotros, porque, según la Primera Enmienda, los estadounidenses tenemos derecho a la libertad de expresión”.
En este contexto, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, advirtió que “Cuando las autoridades sugieren que la permanencia de un medio en el aire puede depender de su línea editorial, se cruza una línea peligrosa”.
La orden del regulador estadounidense afecta a The Walt Disney Company, propietaria de ABC, así como a ocho estaciones propiedad de ABC en mercados clave del país, entre ellos Nueva York (WABC-TV), Los Ángeles (KABC-TV), Chicago (WLS-TV) y Filadelfia (WPVI-TV). En este sentido, la agencia otorgó un plazo de 30 días, hasta el 28 de mayo de 2026, para que la empresa presente las solicitudes de renovación de todas sus emisoras.
La defensa de Kimmel se sustenta en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege de manera amplia la libertad de expresión, incluyendo la sátira, la parodia y el humor político, incluso cuando estos pueden resultar ofensivos para figuras públicas.
Especialistas legales y medios han señalado que las cadenas de televisión cuentan con amplios derechos constitucionales para difundir este tipo de contenidos sin enfrentar censura gubernamental. En su respuesta a las exigencias de despido, el comediante subrayó este principio, recordando que tanto él como el presidente están protegidos por la misma legislación.
De acuerdo con la SIP, diversos informes indican que Trump solicitó públicamente la salida del presentador, lo que fue seguido por la apertura del proceso regulatorio. Aunque la FCC ha señalado que la revisión forma parte de evaluaciones sobre cumplimiento normativo, el contexto político ha generado cuestionamientos, indicó la organización.
El organismo subrayó que expertos y distintas organizaciones han advertido que la medida podría interpretarse como una forma de presión indirecta sobre los contenidos editoriales, especialmente considerando que la revocación de licencias televisivas es extremadamente inusual en Estados Unidos.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que “las concesiones de radiodifusión no pueden convertirse en instrumentos de represalia política”.
“Cuando las autoridades sugieren que la permanencia de un medio en el aire puede depender de su línea editorial, se cruza una línea peligrosa”, reiteró Martha Ramos.
Asimismo, la SIP recordó que los marcos regulatorios en materia de radiodifusión deben aplicarse de forma objetiva, transparente y no discriminatoria, y nunca como represalia por el contenido informativo o de opinión.
“La libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda en Estados Unidos incluye la sátira política, una forma tradicional de escrutinio del poder en sociedades democráticas”, agregó el organismo.
En septiembre pasado, la SIP ya había advertido que incluso la insinuación de retirar la licencia a un radiodifusor por ejercer periodismo crítico constituye una forma inaceptable de censura. Según la organización, con sede en Miami, esta práctica contraviene la Declaración de Chapultepec, que prohíbe el uso de políticas públicas para castigar a medios o periodistas.
El informe sobre libertad de prensa en Estados Unidos, aprobado en la más reciente reunión semestral de la SIP, también denunció que la FCC “continúa amenazando con medidas que ampliarían su discrecionalidad para silenciar expresiones en el espectro radioeléctrico que no le resulten favorables” al gobierno.
El programa nocturno de Jimmy Kimmel ya había sido suspendido en 2025, después de que el presentador criticara la respuesta de la administración Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre.
La cancelación se produjo el 17 de septiembre, horas después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, sugiriera que el gobierno podría tomar medidas contra las filiales que transmitían el programa.
En el monólogo, Kimmel satirizó al movimiento político MAGA al señalar que habían hecho “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.
La suspensión generó una ola de críticas y preocupación por la libertad de expresión. Cerca de 400 artistas, junto con la American Civil Liberties Union (ACLU), firmaron una carta abierta para condenar la medida, calificada como indefinida, y defender la libertad de expresión.
Tras la polémica, ABC reincorporó al comediante el 23 de septiembre, una semana después, y su regreso alcanzó una audiencia de 6.3 millones de espectadores, la cifra más alta en una década.
Posteriormente, se informó que Jimmy Kimmel firmó una extensión de contrato por un año más con ABC, lo que garantiza la continuidad de Jimmy Kimmel Live! hasta 2027.