Hasta un millón 800 mil pesos las cuotas que pedía el Cártel Inmobiliario para autorizar construcciones en la BJ

El coordinador general de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, dio a conocer el testimonio de un empresario que narró el funcionamiento de la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez por parte de autoridades que ofrecieron protección a empresas constructoras para evitar contratiempos durante la construcción de inmuebles. 

A través de las redes sociales de la Fiscalía capitalina, este martes 16 de enero, se difundió la declaración del empresario que reveló el ‘modus operandi’ de algunos funcionarios. 

El empresario manifestó que conoció a Luis “N”, exdirector general Jurídico y de Gobierno en Benito Juárez alrededor del año 2010, gracias a un amigo en común, con el propósito de tramitar todo lo conducente a licencias de construcción. 

“Me pide y hace de mi conocimiento que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado… para lo cual me pidió que apoyara con la cantidad de 200 mil pesos en apoyo a dicha candidatura, accediendo a su petición, días después, a través de mi chofer, le mandé el dinero directamente a sus oficinas en la delegación Benito Juárez…”

El desarrollador inmobiliario aseguró que, a inicios del año 2017,  recibió un contrato por parte de Luis “N” para construir un edificio ubicado en la calle de Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes, en asociación en partes iguales con el entonces delegado, Christian “N”.

El delegado en 2017, quien actualmente se encuentra preso, determinó quedarse con el departamento más grande de dicha construcción. 

El declarante aseguró que Luis “N” ya había negociado la protección de la obra, para lo cual le informó que vio al licenciado Alfonso “N”, en aquel momento Director de Planeación y Desarrollo y Participación en la delegación Benito Juárez.

“Había acordado el pago por la cantidad de un millón 800 mil pesos para protegernos la obra y cuidarla de visitas de verificación, diligencias o procesos que se derivaran directamente en la entonces delegación, comprometiéndose a pagar un millón por anticipado para que nos pudieran otorgar la manifestación y 800 mil pesos, una vez que se obtuviese la terminación de obra… Acudiendo a la cita solicitada, el licenciado Alfonso me dijo pues que esa cantidad del millón de pesos inicial correspondía a la protección y también a una parte que él tenía que reportarle directamente al delegado… y el saldo de los 800 mil pesos era derivado a ciertos tratos y asuntos que tenían pendientes …” 

Según señala el empresario, las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación. 

El desarrollador inmobiliario detalló que a finales de marzo de 2022, le pidieron preparar el finiquito para obtener la protección de una nueva obra ubicada en José María Rico. 

“Siendo el mes de abril, acudo a entregarle directamente en las oficinas el importe de 425 mil pesos a cuenta de finiquito por la protección de la obra. Mi cita para acudir a la oficina de su jefe, el licenciado Víctor, donde en dicha reunión el propio licenciado firma mi autorización de Uso de Ocupación, informándome en ese momento que él tenía que dar el visto bueno de todas y cada una de las autorizaciones, porque eso significaba el acuse de que la obra había sido pagada en su totalidad respecto a la protección que vendían, para no ser molestados durante todo el proceso…”

“Estando yo afuera en el estacionamiento, observo que dicho recibo no correspondía a mi obra, siendo este un recibo que correspondía a otra obra que se ubicaba en la calle Insurgentes…”

Ulises Lara explicó que de acuerdo con el testimonio, ese recibo correspondía a un monto de cinco millones de pesos por una licencia de más 8000 m²  de una construcción, que no contó con el manifiesto de impacto ambiental urbano necesario para poder iniciar los trabajos. 

De acuerdo con el suplemente de la persona titular de la Fiscalía capitalina, esto confirma el modus operandi de esta red de exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez desde 2015, con decenas de construcciones en la demarcación. Ulises Lara asegura que dicha corrupción fue recurrente, durante al menos tres administraciones, para solicitar apoyos económicos y departamentos, a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitarán sanciones y multas.