Los nuevos dictadores en México están en la SCJN

En últimas fechas hemos presenciado, de nueva cuenta, el embate contra el gobierno de la cuarta transformación. Ahora toca a los libros de texto, libros que los niños de primaria de todo el país deberán de tener como material de apoyo para sus estudios. 

El embate consiste, como es costumbre de la oposición moralmente derrotada, en mentir, calumnia, ofender, ocultar, tergiversar y hasta que inventar contenidos de los distintos programas, proyectos y en este caso, contenidos de los libros de educación primaria, que cabe decir son gratuitos ya que el gobierno federal los está otorgando, incluso a nivel secundaria, como un derecho de todo estudiante. 

Pero debemos ser claros, lo que les preocupa a los integrantes de esa oposición retrógrada, no es el contenido de los libros, no es la evolución a una educación humanista en México, que se encamina a exaltar  los valores humanos, individuales y colectivos, que la sociedad mexicana debería detener o recuperar; lo que en realidad le preocupa a la oposición, es que con ello pierden millones de pesos en la venta de libros, que los padres de todo el país, estaban obligados a comprar conforme a los requerimientos de cada uno de los maestros o planteles educativos, esa era la forma de privatizar la educación en México.

Hoy se regresa y se cumple con el principio del educación pública y gratuita en nuestro país, principio constitucional y un derecho humano reconocido por el concierto de las naciones, hoy no sólo los estudiantes de primaria sino también los de secundaria tendrán sus herramientas de forma gratuita y permanente para su educación, pues el Gobierno de México se encuentra otorgando todos esos libros. 

Son las cúpulas, la oligarquía la que ahora pretende tergiversar el contenido de esos libros e inventar que los mismos tienen un enfoque de un sistema económico político que a la fecha no existe en el mundo, y que realmente nunca llegó a constituirse en la historia. ­(los verdaderos intelectuales saben de ello,  los verdaderos estudiosos de las políticas económicas lo saben y lo han señalado). Pero para no perder la costumbre, la oposición utiliza un gobierno estatal, totalmente desgastado y repudiado por su sociedad, y a un tribunal por demás corrompido, para tratar de detener la utilización de estos libros por la niñez y adolescencia mexicana.

Sabemos y estamos ciertos, que el ministro Luis María Aguilar, siempre ha buscado detener los avances del gobierno y sus políticas que van encaminadas a favorecer a los más desprotegidos, sin importale violar la Constitución, los derechos humanos y hasta invadiendo facultades como todo gran Dictador; sí, el único poder del Estado mexicano que  ha actuado de esa forma es el Poder Judicial, quien se ha instituido como el legislador, el administrador y el dictador de los fallos judiciales sin aplicar ningún principio, sin obedecer la ley, sin respetar la Constitución, y emitiendo sus fallos sólo porque ellos así lo dicen, sin dar explicaciones, sin dar argumentos jurídicos, pues su dicho al emitir las resoluciones, no necesita ninguna explicación.

Ese es el poder dictador que se tiene en México, el poder omnipotente, el poder que es un apéndice del régimen corrupto, vulgar, sucio que México dejó atrás en el 2018; pero ese apéndice, aún busca seguir violando los derechos del pueblo y busca detener, el que el pueblo, tenga cada día más la forma efectiva de disfrutar los derechos consagrados en la Constitución.  

Ese ministro y tribunal, demuestran su ceguera conveniente, no observan los derechos humanos y el interés superior de la niñez de tener un educación pública y gratuita porque repetimos, lo que está en juego no es el contenido de los libros, sino los intereses de unos cuantos editores o casas editoriales, pues cabe señalar, que en su mayoría no son mexicanas, sino españolas, y que los recursos que obtienen de la venta de sus libros, no se quedan en el país, si no se van a aquel país peninsular. 

Con ello, queda de manifiesto la violación los derechos humanos de la niñez mexicana, derechos humanos que, conforme párrafo tercer del artículo primero de la Constitución, deben ser protegidos por toda autoridad del Estado mexicano pues (transcribo dicho párrafo) "Todas  las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".

Disposición Constitucional que la gobernadora del estado de Chihuahua y el ministro de la Suprema Corte, no advierten, pues sólo buscan la forma de beneficiar a unos empresarios sin importar perjudicar la educación de cientos de miles de niños chihuahuenses. Y como lo hemos repetido una y otra vez en este espacio, el poder judicial del Estado mexicano, no sólo el federal, sino la mayoría de los tribunales estatales, si no es que todos, carecen de profesionalismo, capacidad y hasta de moral, para hacer los aplicadores de la ley, los guardianes de la Constitución y de las leyes que de ella emanan.

Efectivamente urge una reforma al poder judicial profunda, pero también urge que la ciudadanía nuevamente tome las acciones necesarias para evitar que una gobernadora trate de detener el desarrollo intelectual y educativo de los menores, y que una Suprema Corte plagada de corrupción, pretenda convertirse cada día más en el dictador del Estado.