LGBTTTIQ+ 27

Luego del gran debate, análisis y eventual aprobación de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de año, vino la llamada Reforma Electoral para cerrar el 2022. Un gran anuncio producto de los sumamente insultantes sueldos de las y los consejeros electorales y de las inaceptables acciones fuera de sus facultades del Instituto Nacional Electoral a través de sus consejeros electorales, al actuar como juez y parte e intrometerse en las actividades políticas de personajes de la vida pública, al ser parcial el Instituto en su juzgar, entre otros tantos excesos y oprobios.

Claro que en ese sentido se debe reformar a la institución si ésta ya no es eficiente ni eficaz; claro que el INE se debe tocar y para su mejor funcionamiento.

Lamentablemente considero que esta Reforma Electoral era muy ambiciosa desde su origen presidencial al integrar distintas propuestas de modificación, no solo al funcionamiento del INE sino en general a diferentes instituciones y procedimientos dentro del aparato político-electoral de nuestro país.

Desde su anuncio hasta su paso por las Cámaras del Poder Legislativo en días pasados, había muchas dudas y comentarios, todo en relación a la falta de consenso en los cambios constitucionales.

Todos los temas de la Reforma Electoral causaron debate: la reducción de diputaciones federales a 300 y la conversión total del sistema de elección de estas a la representación proporcional a través de listas; la desaparición de tribunales electorales estatales e institutos y organismos públicos electorales; la elección de consejerxs electorales a través del voto popular, entre otras propuestas. Nada de esto fue aprobado y todo se centró en las modificaciones viables en las leyes secundarias relacionadas al ámbito electoral.

Por ahora en el Plan B se desaparece la burocracia subdelegacional y se reduce considerablemente la integración del Sistema Profesional Electoral, se modifica la estructura orgánica en general del INE y lo más importante de todo, se reducen los salarios de los consejeros y se remueve al secretario ejecutivo, Jacobo Edmundo Molina, cercano a Lorenzo Córdova. Esas fueron las modificaciones reales y positivas pues sin duda, tenemos un árbitro electoral muy costoso y poco confiable.

Sin embargo, tanto en la propuesta original como en el Plan B de modificaciones a leyes secundarias, los avances en materia de acciones afirmativas para grupos en alguna situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria habían quedado ignorados. No solo para la población LGBTTTIQ +, en realidad también para grupos migrantes, personas con alguna discapacidad, pueblos indígenas y afromexicanos.

Esta es una preocupación que la presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputaciones, Salma Luévano, externó en la máxima tribuna del país a través de una valiosa reserva que proponía asegurar las cuotas para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. El mismo Instituto Electoral del estado de Aguascalientes a través de su presidenta Beatriz Jiménez González, se expresó en este sentido al señalar que era un asunto ya regulado que ahora generaba preocupación.

Por ahora la misma diputada Luévano ya ha expresado la necesidad y el compromiso de buscar un “Plan C” que fortalezca la representación legítima de las poblaciones de atención prioritaria o en alguna situación de vulnerabilidad como lo es la que integramos lxs LGBTTTIQ+. Estaremos a la espera y confiados de que esta lucha por los derechos políticos y electorales de nuestro sector arcoíris se fortalezca para el próximo año 2023.