El anuncio del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, demarcación que no es de su propiedad, sino que fue electo para gobernarla y parece que ni eso puede hacer y por eso busca chivos expiatorios, para desviar la atención de su pésima gestión, solicitando la remoción de las embajadas de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Alcaldía Miguel Hidalgo, bajo el argumento de que “no caben las dictaduras”, no debe leerse como una propuesta de política exterior seria, sino que se trata, antes que todo, de una operación de marketing político dirigida a un sector específico de la ciudadanía. Lo que es importante considerar, más allá del revuelo mediático y las respuestas condescendientes que lo redujeron a un “mejor dedíquese a gobernar”, es que se trata de un gesto que encierra un peligro mayor, que es la instrumentalización de discursos de “libertad” y “anti-autoritarismo” para enmascarar y promover una agenda profundamente conservadora y anti derechos.
El trasfondo no es la preocupación por los derechos humanos en otros países –cuyas situaciones, por complejas que sean, no se resuelven con actos simbólicos amarillistas y escandalosos; el trasfondo es, sin duda alguna, electoral. Se trata de plantar una bandera identitaria ante una base social que el Partido Acción Nacional busca movilizar; es decir, dar argumentos a la derecha que se autoproclama defensora de “valores” tradicionales frente a lo que percibe como la amenaza de la avanzada “comunista” o “socialista”. Al estigmatizar a gobiernos de izquierda, por más cuestionables que algunos de sus aspectos puedan ser, Tabe teje un puente asociativo perverso, el de que la izquierda significa autoritarismo, a amenaza, y por contraste, su posición, la de las derechas conservadoras, se erige en la única defensora de la “libertad”.
Y es justo aquí donde encontramos la trampa dialéctica y el verdadero riesgo, porque esta retórica, una vez normalizada, no se limita a criticar gobiernos extranjeros, sino que se erige como un caballo de Troya para justificar un proyecto político que busca frenar y revertir los avances en derechos humanos conquistados en México durante las últimas décadas. ¿Qué “libertad” defiende en realidad el discurso que pueda pronunciar un alcalde emanado de un partido político cuyo lema es una proclama fascista? La historia reciente de los activismos conservadores en México y el mundo muestra que, a menudo, la “lucha por la libertad” se traduce en oposición a los derechos de las mujeres (como el acceso al aborto legal y seguro), a los derechos de las diversidades sexuales y de género (matrimonio igualitario, identidad legal), y a políticas progresistas en materia de educación sexual, perspectiva de género y protección a minorías.
Al calificar a toda una corriente ideológica de izquierda como intrínsecamente autoritaria, se genera un clima de polarización donde cualquier política social, cualquier ampliación de derechos, puede ser descalificada con el simple rótulo de “comunista” o “socialista”, lo que provoca que se diluya el debate de contenido y se reduzca a consignas alarmistas que movilizan el miedo y el rechazo la otredad, ya sea ese “otro” un gobierno extranjero, una persona migrante, una mujer que decide sobre su cuerpo o una persona trans, colocando así a todas las personas que no comparten los contravalores antiderechos, en el lugar del peligro, la amenaza.
Sin embargo, y retomando lo dicho por Michel Foucault, cuando plantea que este tipo de discursos que dan risa, tienen el poder real de hacer daño, es importante reconocer que el peligro es tangible, dado que este tipo de posicionamientos, lejos de ser anecdóticos, son la punta de lanza de una estrategia para hacer crecer una base social organizada desde el resentimiento y la exclusión, apuntalando discursos de odio que, en la vida cotidiana, se materializan en crímenes de odio, discriminación institucional y una creciente intolerancia que fractura el tejido social.
Es imperativo, por tanto, no subestimar estos gestos aparentemente aislados. Debemos llamar a las cosas por su nombre: esto no es diplomacia. Es una campaña electoral anticipada que utiliza la xenofobia política y el maniqueísmo ideológico como combustible. El mensaje subliminal para sus simpatizantes es claro: “Nosotros somos los buenos, los defensores del orden y los valores; ellos, la izquierda y todo lo que representa, son el caos y la tiranía”; se trata entonces de un mensaje que busca capitalizar el miedo al cambio y a la diversidad.
La respuesta, por parte de quienes creemos en una sociedad plural y en el avance de los derechos humanos, no puede reducirse a la burla o la indiferencia, sino que podría enfocarse en la denuncia constante de esta estrategia y la defensa activa de un diálogo democrático que no estigmatice ideas, sino que discuta políticas; que no busque expulsar embajadas, sino incluir ciudadanías; en fin, que recuerde que la verdadera lucha por la libertad empieza por garantizar los derechos de todas, todes y todos, comenzando por aquellos grupos y poblaciones históricamente más vulnerados. El llamado no es sólo a ver más allá del titular de una declaración sensacionalista; se trata de dimensionar que detrás de la expulsión simbólica de gobiernos ideológicamente progresistas, puede estar gestándose el clima propicio para la exclusión real de personas y derechos. La batalla por la narrativa es, en este caso, la primera trinchera en la defensa de las libertades concretas; se trata, en última instancia, de no dar por sentado lo conquistado, de defenderlo siempre.