El sonido del río Sonora se vuelve a escuchar

Tardamos nueve largos años y un cambió profundo en las autoridades federales, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por fin, reconocieran el desastre ocasionado por Grupo México al río Sonora donde, por una mala planeación y diversas negligencias empresariales, la empresa vertió 40 millones de litros de desechos tóxicos a los causes de la principal cuenca de la región. Gracias a esto, ahora podemos decir, a ciencia cierta, lo que las comunidades aledañas al río y los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) nos vienen advirtiendo: “El derrame ocurrió por una negligencia por parte de la empresa. No fue un accidente”.

            Actualmente, según lo señalan las propias autoridades, el costo de esta tragedia medioambiental más alarmante del México contemporáneo asciende a los 20 mil millones de pesos (es decir, diez veces más de lo destinado por el fallido Fideicomiso Río Sonora -2 mil millones de pesos- con el que la empresa pretende lavarse las manos). Ese mismo Fideicomiso que, hasta el año pasado, no había cubierto ni el 2% de los daños al ambiente, ni a la salud. Además, su cierre (como también quedó comprobado) fue indebido, pues no se justifica o garantiza que dicho instrumento haya logrado la reparación por la que fue instaurado.

            Si bien, la denuncia penal impulsada por las autoridades, es un paso importante en la búsqueda de justicia ante esta catástrofe ocasionada por una de las empresas del segundo hombre más rico de México, y uno de los más ricos del mundo...en el día a día hay urgencias que tienen que ser atendidas como lo son:

            La gestión del agua contaminada en la región, así como el aire, suelo, flora y fauna que siguen gravemente contaminados. Esto no solo afecta al medio ambiente si no (obviamente) a la salud de las personas. Por tal motivo existen actualmente dos ejes de trabajo prioritarios por atender y que, muy seguramente, las autoridades ya tienen en la mira:

1.-La gente tiene metales pesados en la sangre y siguen sin recibir la atención médica que merecen. El hospital que se comenzó a construir para atender a las personas es un monumento a la impunidad, pues se encuentra en obra negra y abandonado. Urge el centro de atención especializada en toxicología. La gente sigue muriendo de graves enfermedades en el río sonora.

2.- La calidad del agua sigue sin ser garantizada, las niñas y niños siguen bebiendo agua intoxicada.
Urgen las plantas potabilizadoras que se prometieron El compromiso original fue de 36, esa cantidad disminuyó a 10 y finalmente a 6. Actualmente opera solamente una, fruto de la lucha de la sociedad.

La SEMARNAT, un cambio de paradigma

Todo lo anterior ocurre principalmente gracias a los esfuerzos de los Comités de Cuenca y las comunidades que se ven fortalecidas con la firmeza de la actual titular, María Luisa Albores González, quien dirigió las investigaciones. 

            Y a pesar de que la empresa intenta desacreditar el trabajo realizado en las recientes semanas, las pruebas de lo ocurrido permanecen en la sangre de las comunidades que, aun con el discurso de Grupo México sobre la supuesta legalidad de sus remediaciones, la realidad es otra. Es la realidad de la devastación y el saqueo. 

            El año pasado, otro trabajo importante se reveló gracias a los esfuerzos de la organización de la sociedad civil PODER. Durante el aniversario número 8 del derrame, la OSC mostró información del Gobierno que había sido negada por la anterior administración priista de Enrique Peña Nieto (EPN). En la cual, el 8 de abril de ese año la Secretaría de Salud y el Centro nacional de Control de Enfermedades (Cenaprece) entregaron los resultados de un análisis a 650 afectados en ocho municipios. Este dato era fundamental para dimensionar el daño: más del 95% de la población testada tuvo y tiene plomo en la sangre; un 50%, arsénico y el 79% cadmio.

            El mismo problema que los pobladores reportan: Tumores, leucemia y alergia, entre otras afectaciones a la salud, y que la atención sanitaria ofrecida por el gobierno estatal, no es suficiente.

No es un caso aislado…

A la empresa del magnate Germán Larrea, Grupo México, se le conoce ampliamente por una trayectoria violenta con las comunidades. Por ejemplo, la misma firma fue responsable en 2006 por la tragedia ocurrida en la mina 8 de Pasta de Conchos donde 65 mineros quedaron atrapados y donde el panismo negó a los familiares la recuperación de los cuerpos. En 2010, una ruptura en la presa de jales vertió desechos tóxicos (mercurio, plomo y arsénico) al Río Bolaños en Jalisco.

            Otro caso similar ocurre en 2014, cuando un tren cargado con 240 toneladas de ácido sulfúrico provenientes de Buenavista del Cobre, de Grupo México, se descarriló y volcó a escasos metros del río Santa Cruz, en Nogales; así mismo, en Sonora del 2019, tenemos el registro de lo ocurrido con la Unidad Minera San Martín, en Zacatecas cuando se derramó 20 mil litros de tóxicos a río en el Sombrerete, Zacatecas.

            Finalmente, pero no menos alarmante, en 2019 el fallo de una de las válvulas en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, también propiedad de Grupo México, causó que se derramaran 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés. Por medio de un comunicado, la empresa dirigida por Larrea informó que el derrame registrado ayer no generó daño a alguna persona y afirmó que se aplicaron medidas de atención y la situación fue controlada rápidamente. Es decir, según la empresa, ninguno de sus desastres ecológicos son peligrosos, aunque ya sabemos que ninguna empresa será capaz de reconocer sus crímenes contra el medio ambiente.