El fin de semana tuvo verificativo la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde el punto a tratar fue el Cómputo Final de la elección y por consiguiente la declaración de validez de la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación que se llevó acabo el pasado 1 de junio.
Como era de esperarse, los consejeros partidistas, porque no son ciudadanos, que son parte del Consejo General, pretendieron absurdamente, ilegalmente, de forma deshonesta y hasta ridícula, anular dichas elecciones.
Estos calificativos tienen una razón de ser y es que en diversas ocasiones, hasta ellos mismos, se contradecían, pues no tenían realmente un fundamento ni legal, ni fáctico, ni presuncional sobre alguna causal de nulidad que pudieran haber hecho valer.
Pero además, sabedores de que no tienen facultades para declarar la nulidad de ninguna elección pues el INE, ya que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la facultad exclusiva de declarar dicha nulidad, pero no obstante, en el discurso absurdo, buscaban manchar la elección, señalando que existieron irregularidades graves, en poco más de 800 casillas, siendo este hecho su bandera de guerra, sin embargo, es su ceguera partidista, la que les impide ver, o más bien pretenden no darse cuenta, que ese número de casillas representa el 1% del total de las casillas instaladas.
La ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, determina que ello puede ser causal de nulidad, siempre y cuando el 25% de las casillas que se instalaron, presentaron el día de la jornada electoral alguna irregularidad grave, y que, además, esto sea determinante para la elección. (Artículos 75 Párrafo 1 inciso K, y artículo 77 Ter).
En dicho caso, existieron irregularidades debidamente acreditadas, supuestamente, por el Instituto Nacional Electoral (INE), en quizá, el 1% de las casillas o menos. Asimismo, la votación que representan estas casillas, no es trascendente para determinar si quien obtuvo la mayoría de votos, anulando estas casillas, ya no la obtendría pues sólo así podrían pelear esa causal, y decimos que los consejeros podrían pelearlo, porque no son consejeros ciudadanos, repetimos, sino son consejeros partidistas.
Aunque debemos rescatar que el Consejero Arturo Castillo Loza, al señalar que “existieron anomalías que pensábamos se habían dejado atrás”, acepta que los partidos que él representa así lo hacían, pero la diferencia es que en aquellas elecciones no eran acordeones, como señala, por nombres, sino que era la obligación de votar por un partido, y hoy esos acordeones, se hicieron por la propia ciudadanía para poder votar por sus candidatos ante más de 30 nombres y números a votar.
Sin embargo, debemos tener en cuenta de dónde viene este consejero, siempre en cargos electorales “de confianza”, cargos otorgados a la mafia del poder de aquel entonces, y por supuesto recordar que es precursor de una Asociación Civil, que obtiene recursos del exterior y es dirigido por un disque politólogo comentarista de la ultraderecha, fundador de esa Asociación Civil (CIDAC) y con ello podemos saber el por qué de su postura.
Como vemos, aún falta mucho por cambiar en el país, pues los órganos autónomos, aún se encuentran infestados con algunas personas que buscan imponer la oligarquía, pero se disfrazan de demócratas; se encuentran muchos aún, con la esperanza de que sus privilegios, sus dádivas, sus excesos vuelvan a surgir a través de las elecciones presidenciales, y es por ello, que sus determinaciones y discursos, nos atrevemos a decir que ni siquiera ellos los hacen, si no se los formulan algunos actores de la vida política de diversos partidos políticos que representan la derecha en el país, pues sólo basta a ver los discursos de estos consejeros, y contrastarlos con, por ejemplo, Ricardo Anaya, Marco Cortés, el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) y jefe del Cártel Inmobiliario o Luis Rubio Friedberg entreguista del patrimonio nacional.
Como dirían en nuestro rancho, no pueden negar la cruz de su parroquia.
Una vez que se ha consumado gran parte del la reforma al Poder Judicial de la Federación, porque recordemos que en el 2027, se hará la renovación de los cargos que no fueron electos en este año, ¿Qué es lo que sigue? ¿Ya no hay cambios? ¿Ya no existe la necesidad de cambiar algo?.
No estamos diciendo que quienes comulgan con la derecha mexicana no deben de estar en trabajos en órganos autónomos, incluso hasta en el gobierno, porque ellos sería discriminatorio, sin embargo, existen muchos personajes que no sólo comulgan con la derecha mexicana, sino que, estando en el cargo realizan su trabajo de forma “ya tradicional” que impide que exista un verdadero cambio en esas áreas.
Una de ellas, pues como hemos visto este fin de semana, es el INE, en el cual deben de llegar verdaderos ciudadanos que, independientemente de su filia partidista o no, realicen un trabajo autónomo, imparcial, honesto, en defensa, en protección y en garantía de los derechos político-electorales del ciudadano.
También debemos señalar que la Fiscalía, tanto la General de la República, como las Estatales, requieren una renovación en todos los niveles y cargos, pues los abogados litigantes y los ciudadanos que han tenido la necesidad de acudir al Ministerio Público, no nos dejarán mentir cuando señalamos que llegando ahí nos preguntamos, ¿Cuándo llegará la Cuarta Transformación a la fiscalía? Y lo anterior es así, porque si bien pueden poner como fiscales generales estatales a alguien que tenga la experiencia y el conocimiento de la actividad de la fiscalía, también deben tener la convicción de llevar a cabo los fines de la Cuarta Transformación, ya que el problema se encuentra en las fiscalías regionales, direcciones, y en los ministerios públicos.
Muchas veces hemos oído cómo los ministerios públicos se quejan porque los hacen trabajar, porque según ellos, no les pagan lo suficiente, se quejan de la Cuarta Transformación desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy también con la presidenta Claudia Sheinbaum; y se encargan de denostar todo lo que realiza o ha realizado la Cuarta Transformación; también hemos encontrado que para evitar el trabajo, se dedican a determinar la abstención de la investigación, y con ello se quitan de encima un sinfín de carpetas de investigación para quedarse con sólo algunas que son las más sencillas o menos problemáticas para justificar su trabajo.
Ante ello, existe ya un descontento de la ciudadanía, aunque muchos son sabedores de que la fiscalía es un órgano autónomo y que no pertenece directamente al Poder Ejecutivo, su descontento es ya cada vez mayor.
Por lo que se debe de realizar una profunda reforma a estos órganos; se debe buscar los mejores mecanismos para que también llegue la Cuarta Transformación en estos órganos de Gobierno Autónomos.
Por el momento, preferimos que 13 millones elijan a 9 Ministros de la Corte, a que solo una persona los designe y los aprueben unos cuantos senadores. Por eso “A disfrutar lo votado”.