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Dos años de caminar al lado

Dos años de caminar al lado

Por Jonathan C. Noyola Ledezma

Dos años de la nueva Procuraduría Agraria

 

Imaginemos una mañana cualquiera en un Centro de Desarrollo Agrario, un ejidatario llega temprano, sombrero en mano, con una carpeta que lleva años cargando de oficina en oficina. Antes, para preguntar si su asamblea estaba bien convocada o si su parcela podía heredarse, tenía que viajar horas hasta una ciudad, formarse en una ventanilla y volver sin la certeza de haber sido entendido. Ahora el CDAA está a unos kilómetros de su ejido y quien lo recibe conoce el nombre de su comisariado.

La escena es imaginaria, pero describe lo que miles de personas viven desde hace dos años y lo que una institución pública rara vez logra: que su distancia se mida en kilómetros recorridos hacia la gente y no por la gente.

Esa es en el fondo, la historia de estos dos años de la nueva Procuraduría Agraria. Durante décadas, la institución fue concebida como un trámite: un lugar al que se llegaba cuando ya había problema, se firmaba lo que correspondía y se volvía a casa con un papel. La larga noche neoliberal, que redujo el campo a un asunto de títulos y mercados, no necesitaba una Procuraduría con rostro humano. Necesitaba una que certificara la tierra para volverla mercancía.

Cambiar eso exigía algo más que un reglamento: exigía una idea. Esa idea tiene arquitecto. El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, formuló una visión que hoy se nombra con tres palabras, PA de Territorio, y que resume una convicción sencilla: que la institución debe estar donde está el conflicto, en el ejido y en la comunidad. De esa visión surge la Procuraduría cercana a la gente, la red de centros que acerca los servicios al núcleo agrario, el giro hacia la conciliación para construir paz y la defensa activa de la propiedad social, y un marco de pensamiento, el humanismo agrario, que da sentido ético a todo lo anterior. Las instituciones suelen heredar los hábitos de quien las dirige; esta ha heredado un rumbo.

Los más de mil centros de desarrollo agrario son la forma física de ese rumbo. Su valor no está en la cifra sino en lo que han vuelto posible: un lugar donde convergen dependencias federales, gobiernos estatales y núcleos agrarios, un espacio donde la comunidad organiza y decide, una puerta que se abre sin cita previa. Medir un centro por sus atenciones es contarlo mal. Hay que medirlo por lo que impide: el despojo que ya no se completa porque alguien avisó a tiempo, el conflicto que no escala porque una conversación llegó antes que el enfrentamiento.

Y esa es la segunda pieza. Los conflictos agrarios entre comunidades vecinas, entre ejidos y pueblos, entre familias de un mismo núcleo, son una forma de violencia lenta que se hereda con la parcela. Durante años, quien se veía envuelto en uno aprendía a desconfiar de las instituciones: llegaban tarde, ponían fecha a la audiencia y no a la solución, o simplemente no llegaban. Lo que ha cambiado en estos dos años es la confianza, y su mejor ejemplo está en Oaxaca, Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo son dos comunidades que arrastran un conflicto agrario de largo aliento, de los que cansan a las familias y marcan generaciones. En un momento dado, las dos, cada una por su lado, hicieron algo que años atrás habría sido impensable: pedir que fuera la Procuraduría Agraria quien mediara. Ninguna se lo exigió a la otra y ninguna lo vio como una concesión. Lo pidieron porque, en dos años, la institución construyó algo que no se decreta: la certeza de que no llega a imponer, de que no toma partido por la parte más fuerte, de que escucha a todos y acompaña los acuerdos hasta que se cumplen. Cuando dos comunidades enfrentadas coinciden en elegir al mismo mediador, ya hay un primer acuerdo. Por eso la conciliación dejó de ser un apartado de la ley y se volvió política institucional: primero entre los propios campesinos, luego con el acompañamiento de la Procuraduría, y solo después, si no hay otra salida, ante los tribunales. Nadie cree que la paz se declare por decreto. Se construye, como el territorio, pieza por pieza.

La tercera pieza es la defensa de la tierra. Está en la comunidad de Garita de Jalisco, cuyo ejido el mercado dio por desaparecido. Está en los pjiekakjoo de San Juan Atzingo, que fueron a pedir ante el Tribunal Superior Agrario que su caso se atrajera, con un peritaje antropológico y con un tambor sagrado. Está en el ejido de Santa Rosa Jáuregui, donde un ejidatario de edad avanzada lloró al escuchar que, por primera vez en veinte años, alguien iba a acompañarlo hasta el final. Y está en el desalambrado de Wirikuta, historia que merece su propia columna. En todos esos casos la institución hizo lo mismo: se puso del lado de la propiedad social.

Detrás de las tres hay una convicción que da nombre a este espacio, el humanismo agrario: que el centro de todo es el sujeto agrario, que la memoria es guía ética, que la tierra es condición de lo humano, que las instituciones deben tener vocación humanista, y que la comunidad es la forma más alta de lo humano. No es un lema para el discurso. Es el criterio para decidir qué se hace, a quién se acompaña y cuándo se queda uno en la mesa. Se resume en dos líneas que ya se repiten en las asambleas: por la gente, todo; por la gente, siempre.

Sería deshonesto cerrar solo con aplausos. Dos años son poco para cambiar de fondo, y las limitaciones son reales. La más evidente es la de los recursos: una institución con vocación de territorio necesita personal, equipos, movilidad y oficinas, y el presupuesto con el que cuenta no alcanza para la ambición del proyecto. Lo que no se tiene en el presupuesto se ha compensado con otra moneda: creatividad para hacer más con menos, para convertir un espacio modesto en un lugar de encuentro, para sostener una mesa de conciliación con lo que haya, sobre todo voluntad, la de quienes se quedan a escuchar después de la hora de salida y recorren el territorio hasta donde haga falta. Esa voluntad es admirable, pero no debe volverse una estrategia permanente. Una institución humanista merece también los medios para serlo, y cada peso que se invierta en acompañar a la gente del campo regresa al país como paz, como arraigo y como territorio defendido.

Hay un criterio sencillo para saber si una institución cambió de verdad. No es el número de oficinas, ni el discurso, ni el informe. Es lo que cuenta el ejidatario y la comunera cuando sale de la reunión y le preguntan cómo lo trataron. Esa respuesta, dicha en voz baja y sin micrófono, es el único balance que no se puede maquillar.