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  • 23 Feb 2023
  • 18:02
  • SPR Informa 6 min

Cerdos, cochinos, marranos, puercos

Cerdos, cochinos, marranos, puercos

Por Uziel Medina Mejorada

Izamal, Yucatán, ha sido escenario de la represión contra manifestantes del “Colectivo la Esperanza de Sitilpech” en el contexto de la emergencia ambiental en torno a la industria porcícola en Yucatán. Y es que una vez más el Grupo Kuo y su empresa Kekén son el blanco de las protestas de los pobladores debido a malas prácticas pecuarias que afectan el medio ambiente. 

Ya anteriormente se han suscitado movilizaciones contra esta empresa en Homún, donde se recurrió al reclamando del derecho superior de la niñez al ambiente sano para denunciar la contaminación a partir de las descargas de aguas residuales resultantes de la aparcería porcina; problemas similares han enfrentado las comunidades de Kinchil y Celstún donde las formas inadecuadas de verter aguas residuales so pretexto de sistema de riego, innecesario en una zona selvática, han alterado a la flora y la fauna local.

La represión contra los manifestantes no es cosa menor, la industria porcícola se encuentra en los ejes principales de desarrollo de Yucatán, situando a la entidad como una de las más importantes aportando el 9% de la producción porcícola nacional, ingresando más de 7 mil millones de pesos y creciendo a una tasa del 4.5% anual, más del doble del crecimiento que reportan Sonora y Jalisco, principales productores de carne de cerdo en el país.  

En Yucatán han incrementado las granjas porcícolas con el amparo del gobierno estatal, sin considerar el impacto ambiental, generando una grave emergencia ambiental pues se ha identificado la instalación de decenas de granjas porcícolas sobre terrenos de conservación, amenazando las reservas naturales protegidas, sobre todo en la región de la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes.  Las descargas de aguas residuales implican la contaminación de cuerpos de aguas, particularmente de los cenotes, un patrimonio natural que tiene la singularidad de encontrarse interconectados, por lo que, si se contamina uno, se contaminan los demás. Además, la expansión de las granjas porcícolas implica deforestación y despojo de tierras, con lo que se vulneran los principios del Convenio 169 de la OIT, del cual México es suscrito.

El poder de la industria porcícola y el respaldo que ha ganado por parte de las autoridades, a pesar de que incluso las fuentes del gobierno federal constatan la amenaza al ecosistema regional que generan las granjas porcícolas yucatecas, se explica en la estimación de la producción de carne de cerdo que alcanza hasta las 180 mil toneladas anuales, mismas que atienden sobre todo la demanda del mercado asiático, más que el consumo local. De este último también se ha denunciado que la carne dispuesta para los consumidores de la región se trata de aquellas hembras porcinas que han alcanzado el umbral de su capacidad reproductiva, por lo que la calidad dispuesta para el consumidor local es muy inferior que la del consumidor extranjero para el que se dispone la exportación. 

De nadie es o debe ser ajeno que la industria alimentaria es altamente contaminante, sobre todo cuando se trata del pobre abatimiento de desperdicios, así como de las expansiones de las fronteras agropecuarias propias de los modelos de intensivos de producción. En el caso de Yucatán, la ganadería intensiva está provocando un importante estrés ambiental y una importante tensión social de la que en 2022 ya habría tomado nota la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de los abusos de la industria porcícola. 

La cerrazón legaloide como la ocurrida en el Tribunal Colegiado Penal y Administrativa con sede en Yucatán que rechazó los recursos interpuestos por las comunidades indígenas, bajo el argumento de que se habían vencido los plazos para demandar daños ambientales por omisiones de las autoridades, deja al desnudo el estado raquítico de la normatividad y la operación judicial en temas de responsabilidad ambiental, existiendo vacíos que afectan a las poblaciones más vulnerables y benefician a los grandes capitales.

Es deber del Estado tutelar los sistemas de producción de alimentos, fomentando y verificando la sustentabilidad en las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, a fin de que estas ofrezcan productos asequibles, nutritivos y de calidad, pero también bajo parámetros de responsabilidad ambiental, pues en todo momento el derecho a la alimentación debe caminar de la mano del derecho al medio ambiente adecuado, saludable y propicio para la vida humana. Además, es preciso retomar los conceptos del CMFAT y aplicarlos no solo a la agricultura, sino también a la ganadería, la pesca y la silvicultura, considerando las funciones ambiental, económica, social y alimentaria como un todo y no como objetivos disgregados. 

Urge rediseñar el ecosistema de la industria alimentaria y fomentar las actividades económicas a partir de su compatibilidad con los ecosistemas naturales con el objetivo de preservar el equilibrio ambiental. La selva maya es el principal sumidero de CO2 en nuestro país y la principal reserva hidrológica subterránea, por lo que es vital para contener los efectos del cambio climático. Descuidar esta importante reserva es condenar al país al colapso ante una crisis ambiental que ya está cobrando facturas en otras regiones del territorio nacional por causa del extractivismo salvaje y la utilización de tecnologías nocivas para el medio ambiente.   

El capital no puede estar por encima del bienestar; el cuidado del agua, tanto en su uso como desuso debe estar en la agenda pública, velando por su manejo responsable, equitativo e inocuo. La concesión de permisos para la extracción de agua debe acompañarse de la medición de producción de aguas residuales y la implementación y certificación de sistemas de reutilización y potabilización del agua ocupada.

De acuerdo con el sitio oficial de Kekén, su compromiso sustentable es la “Meta Descarga Cero 2025”, que consiste en el tratamiento de aguas residuales que recupera y recircula el agua, generando un ahorro en la extracción de agua y su adecuada reutilización en sus procesos de forma permanente, pero mientras llega el 2025, las comunidades siguen denunciando los daños causados por la aparcería intensiva, con la protección del propio gobierno de Yucatán, el cual, por el simple de hecho de responder represivamente a la manifestación de las comunidades que exigen el respeto a sus derechos, es corresponsable en el deterioro ecosistémico de la Península de Yucatán.