¿Y si sí, se va a quiebra? TV Azteca entra oficialmente a concurso mercantil

La jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, Tessy del Rocío Covarrubias Torres, declaró formalmente en concurso mercantil a TV Azteca, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, con el objetivo de que pueda reestructurar sus deudas y negociar con sus acreedores antes de llegar a una eventual quiebra.

De acuerdo con la documentación presentada ante el juzgado, TV Azteca acumula 1,970 adeudos que suman 23,345 millones de pesos, un incremento de 147% respecto a los pasivos reportados en 2022.

Cabe señalar que la resolución activa el mecanismo previsto en la Ley de Concursos Mercantiles, el cual busca preservar la operación de empresas viables mientras se negocia un convenio de pago con los acreedores. 

Durante este periodo, la televisora continuará transmitiendo con normalidad y mantendrá sus operaciones habituales, sin embargo, quedará sujeta a supervisión judicial y a restricciones para realizar operaciones extraordinarias. 

La decisión ocurre después de que la empresa solicitara voluntariamente el concurso mercantil en febrero de 2026.

Entre los factores que llevaron a la empresa a esta situación destacan:

• El pago de créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 8,400 millones de pesos, lo que afectó significativamente su liquidez. 
• La disminución sostenida de los ingresos por publicidad en televisión abierta, derivada del crecimiento de las plataformas digitales y el cambio en el consumo de contenidos. 
• El litigio con un grupo de tenedores de bonos en Estados Unidos, quienes reclaman alrededor de 660 millones de dólares por el incumplimiento de pagos desde 2021. 

¿Qué implica el concurso mercantil?

Con la declaratoria judicial entra en vigor un "escudo legal" que suspende temporalmente las acciones de cobro de los acreedores. Durante este periodo no podrán ejecutarse embargos adicionales ni hacerse efectivos otros mecanismos de recuperación de deuda mientras se desarrolla la conciliación.

Asimismo, la administración de TV Azteca permanecerá al frente de la empresa, aunque con limitaciones. Cualquier venta de activos estratégicos o pago de obligaciones vencidas requerirá autorización judicial y será supervisada por un Conciliador, designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM).

La legislación establece un plazo inicial de 185 días naturales, prorrogable hasta aproximadamente un año, para alcanzar un Convenio Concursal mediante el cual los acreedores acepten descuentos, reestructuración o nuevos calendarios de pago.

Si no se logra ese acuerdo dentro del plazo legal, el proceso avanzaría hacia la quiebra, lo que implicaría la sustitución de la administración por un síndico encargado de vender los activos de la empresa para cubrir las deudas conforme al orden de prelación establecido por la ley.

En caso de una eventual liquidación, salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores se ubican entre los primeros créditos que deben cubrirse, antes que las obligaciones con bancos o tenedores de bonos internacionales.

Con esta resolución inicia una etapa decisiva para el futuro financiero de TV Azteca, que deberá convencer a la mayoría de sus acreedores de aceptar una reestructura para evitar que el proceso desemboque en la quiebra y la venta de sus activos.

Persisten litigios en Estados Unidos contra Tv Azteca

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es que la protección otorgada por el concurso mercantil únicamente beneficia a la razón social principal de TV Azteca.

Las subsidiarias y empresas afiliadas que fungieron como garantes de la deuda contratada en Estados Unidos no quedaron protegidas por esta resolución, por lo que los acreedores mantienen abiertas acciones judiciales en cortes de Nueva York y Miami para intentar recuperar los recursos adeudados.

A ello se suma la controversia por un crédito de 4,090 millones de pesos otorgado por Alter Bank. Los bonistas estadounidenses sostienen que ese financiamiento pudo haber sido utilizado para crear un acreedor con mayor peso dentro del proceso concursal, una acusación que forma parte de los litigios internacionales y que continúa bajo revisión judicial.