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6 min El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, termina su periodo el próximo 30 de noviembre, después de quince años de estar en funciones en el máximo tribunal de justicia del país.
Luis María Aguilar comenzó su trayectoria en 1968 cuando estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la licenciatura en Derecho y paralelamente trabajó como taquimecanógrafo judicial en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
A partir de 1980 se desempeñó como juez de Distrito en Morelos y en el Distrito Federal, y posteriormente como magistrado en diversos circuitos, hasta que en 1995 fue nombrado secretario general de la Presidencia y Oficial Mayor de la SCJN, posteriormente como secretario de general de Comunicación y Difusión, y a partir de 2004 como consejero de la Judicatura Federal.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, Luis María Aguilar fue nombrado ministro de la SCJN por el periodo 2009-2024. En esos años, diversas resoluciones polémicas han rodeado al ministro Luis María Aguilar.
El ministro Luis María Aguilar archivó por diez meses el expediente del caso de adeudo de 35 mil millones de pesos de impuestos por parte de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, lo cual le valió acusaciones de favorecer al empresario por este caso. Finalmente, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, congeló la resolución y está en espera de ser turnado para su resolución.
Luis María Aguilar, estuvo al frente de la Segunda Sala de la SCJN, donde se mantuvo archivado el caso de Salinas Pliego por ocho meses. Posteriormente, y después de haber sido expuesto en la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Segunda Sala resolvió, el 27 de septiembre de 2023, no ejercer la facultad de atracción y devolver el caso a los tribunales colegiados, los cuales después de nueve meses decidieron no otorgar el amparo a Grupo Salinas, decisión que el conglomerado decidió impugnar nuevamente ante la SCJN.
Hasta el momento, la ministra presidenta Norma Piña Hernández no ha asignado a ningún ministro este caso. En cambio, sí turno a la ministra Lenia Batres Guadarrama otro caso relacionado con un adeudo de 67 millones de pesos de Grupo Salinas, el cual se encuentra en curso.
En febrero de 2024, los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron en la Segunda Sala de la SCJN a favor de otorgar un amparo y declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que había sido aprobada en marzo de 2021 por el Congreso de la Unión, bajo el argumento de que siete de los artículos de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista.
Previo a esta decisión, la Primera Sala de la SCJN había determinado que estos dos ministros sí podían resolver sobre la Ley de la Industria Eléctrica y rechazaron un recurso que interpuso la Secretaría de Energía (Sener) que señalaba que ambos ministros tenían un posible conflicto de interés, ya que Aguilar y Pérez Dayán son integrantes del Instituto Mexicano del Amparo, que promovió activamente juicios en contra de la Ley Eléctrica, lo cual sus ponía en duda su imparcialidad, de acuerdo con la Sener.
En 2023, el ministro Luis María Aguilar concedió a los gobiernos estatales de Chihuahua y Coahuila suspensiones para no distribuir los nuevos libros de Textos Gratuitos que publicó el Gobierno Federal, al admitir una controversia constitucional, bajo el argumento de que hubo un incumplimiento de la ruta jurídica para la elaboración del plan y programas de estudio de Educación Básica.
Finalmente, el 4 de octubre de 2023, la SCJN desechó la controversia del estado de Chihuahua en contra de la distribución de Libros de Texto Gratuitos.
Luis María Aguilar presentó en septiembre de 2022 un proyecto para acotar la aplicación de la figura de prisión preventiva oficiosa, con el fin de que no se aplicara inmediatamente a los nuevos delitos que ameritaban esa figura, después de la iniciativa que presentó el expresidente López Obrador para que se incluyera el robo de combustible y la emisión de facturas, entre otros delitos.
Este proyecto finalmente fue retirado por el propio ministro Luis María Aguilar tras no alcanzar los votos necesarios para que fuera aprobado en el Pleno.
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