La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó, durante la Inauguración del Hospital General Regional No.2 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, que el Congreso de México legislará políticas públicas en febrero de 2025 para buscar prohibir la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional.
Durante este evento, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la reciente resolución del panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre el maíz genéticamente modificado. Al respecto, aseguró que su gobierno trabajará con el Congreso para contrarrestar dicha decisión: “Vamos a darle la vuelta a esta resolución y hay que proteger la biodiversidad de México”.
La mandataria, además, subrayó que la prohibición se incluirá en la Constitución para garantizar que no se siembre este tipo de maíz en el país. “El objetivo es proteger la biodiversidad de México, y estoy segura de que no van a sembrar este tipo de maíz porque se va a prohibir”, aseguró.
Ante el reciente anuncio del Panel de Resoluciones del T-MEc sobre este tema, el Gobierno de México aseguró que busca responder a las preocupaciones de comunidades campesinas y organizaciones ambientales que han manifestado su oposición al uso de semillas transgénicas por sus posibles impactos en la biodiversidad y la salud humana.
Anterior a este hecho, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía del Gobierno de México informaron, el Panel de Solución de Diferencias del T-MEC emitió desde el pasado 20 de diciembre un “Informe Final” sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado, en el cual se indicó que algunos elementos del Decreto emitido por el Gobierno de México sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023, no pueden aplicarse.
Derivado de ello, el Gobierno de México dio a conocer que no comparte la determinación del Panel de resoluciones del T-MEC sobre las medidas que tomó México sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado, ya que, considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es parte.