El Presupuesto de Egresos de la Federación del Estado de México incluyó por primera vez una partida especial para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad LGBT+ en la entidad.
El presupuesto asignado para atender las causas de la comunidad LGBT+ será de 36 mdp del total del presupuesto, que asciende a 388 mil 550.6 millones de pesos.
El paquete fiscal del Estado de México para 2025 será distribuido entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con 224 mil 538.4 mdp, 2 mil 252.6 mdp y 6 mil 49.6 mdp, respectivamente.
Del monto destinado al Poder Ejecutivo se destinarán 83 mil 896.1 mdp para servicios personales, 2 mil 984.7 mdp para materiales y suministros, 11 mil 822 mdp para servicios generales y 17 mil 36 mdp para inversión pública. El Poder Legislativo designará 415 millones al Órgano Superior de Fiscalización y el Judicial verá un incremento de 281.4 mdp con relación al período anterior.
El presupuesto asignado para atender las causas de la comunidad LGBT+ será de 36 mdp, el cual representa el 0.01% del monto total; además, el proyecto contempla el uso de 136 mil 69.4 mdp para garantizar la igualdad de género así como la asignación de 124 mil 488.9 mdp para brindar atención a la población infantil y adolescente en la entidad; además, contempla el empleo de 277.9 mdp para los trabajos de combate a la corrupción.
Asimismo, el proyecto contempla el uso de 136 mil 69.4 mdp para garantizar la igualdad de género así como la asignación de 124 mil 488.9 mdp para brindar atención a la población infantil y adolescente en la entidad; además, contempla el empleo de 277.9 mdp para los trabajos de combate a la corrupción.
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios percibirá un monto de 44 mil 30.2 mdp, de los cuales destinará 26 mil 123 millones para el pago de pensiones y jubilaciones. El paquete toma en consideración una inflación de 3.5% y proyecta un crecimiento económico de entre 2 y 3%.
Con este proyecto, la administración estatal plantea el ejercicio de una política fiscal responsable que priorice el bienestar de la población, contribuya en la reducción de la desigualdad social y fortalezca el acceso a los servicios públicos esenciales.