El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Los Lagos como consecuencia de un apagón masivo en el país, por lo que decretó toque de queda desde las 22:00 horas de este martes hasta las 6:00 horas del miércoles 26 de febrero
Este 25 de febrero se registró un apagón eléctrco en diversas regiones de Chile, incluyendo Santiago, su capital. Hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre las causas, sin embargo, esto afectó a por o menos tres millones de sus ciudadanos.
La titular del ministerio del interior y seguridad pública de Chile, Carolina Tohá, convocó a una reunión inmediata del comité́ para la gestión del riesgo de desastres ante estas fallas en el suministro eléctrico registrados entre las regiones de Arica y Parinacota y los Lagos.
Entre las afectaciones registradas al momento se encuentra la suspensión del servicio del metro de Santiago, medio utilizado por miles de chilenos para transportarse.
Además,
Si bien, la energía eléctrica es una necesidad básica indispensable en la vida cotidiana cualquier ciudadano del mundo, la legislación chilena no garantiza a los ciudadanos el derecho al acceso a ella, más bien, regula la inversión privada, viendo cómo las empresas que participan en el mercado eléctrico obtienen utilidades a través de la entrega de un servicio público.
La industria eléctrica chilena se ha transformado desde 1986 cuando inició el proceso de privatización de las pequeñas centrales eléctricas CHILGENER y ENDESA. En 1995, en medio del proceso de privatización del sector eléctrico y "ante la desconfianza en la evolución macroeconómica del país y dada la fragilidad del sistema financiero", el gobierno de Chile instauró una serie de estimulos al proceso de privatización, incluidos créditos subsidiados para la compra de acciones, rebajas sobre el precio de venta, y condonación de la deuda externa. Según datos del reporte ‘La Gestión privada y la inversión en el sector elpectrico chileno’ de las Naciones Unidas, “la diferencia entre el valor de venta subsidiado y el que se hubiera obtenido a precio de mercado varía entre 370 y 800 millones de dólares de 1995”.
La última gran modificación al sector eléctrico de Chile se dio en 2017, cuando nació el sistema eléctrico nacional, unificando el servicio desde la ciudad de Arica, hasta la isla de Chiloé.
Este sistema esta alimentado principalmente por el sector privado, tanto en generación como en transmisión y distribución, y se caracteriza por el uso de energías renovables, sin embargo, sus fallas han evidenciado la falta del impulso del estado para fortalecer el sector.
Las empresas trasnacionales más importantes que operan son ENEL Chile, la cual tiene capitales italianos, y la CGE, de capitales chinos. ENEL y CGE abastecen a 5.3 millones de usuarios en el centro y sur de chile, obteniendo, solo por distribución, millonarias utilidades desde 2018.
Hasta 2022, en Chile 11 empresas eléctricas concentraban más del 80% de la producción bruta en el sistema interconectado SEN, las principales fuentes son hidroeléctricas y termoeléctricas, donde las empresas ENEL Chile y Colbún, 2023 obtuvieron en 2023 utilidades por más de 678 y 400 millones de pesos chilenos respectivamente.
En agosto de 2024, de acuerdo con el servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres, reveló que en todo el país fallecieron cuatro personas y dos mil 500 resultaron damnificadas por las volcaduras de techos, caídas de árboles y de postes de luz, incluyendo 12 kilómetros de red de media tensión de ENEL Chile, la empresa eléctrica más importante del país.
Uno de los principales problema de abasto en el país, es la falta de inversión de las empresas toda vez que no emprenden nuevas inversiones en las localidades y mercados que no representan utilidades, dejando en segundo plano el abastecimiento a toda la población, sin embargo, el incremento en los costos continúa.
En junio de 2024, el ministro de economía informó un alza del 60% en la tarifa eléctrica, aumento que se realizó de manera gradual entre agosto y enero de este 2025, lo que ha generado protestas en todo el país.