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6 min La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió este 5 de marzo una opinión consultiva en la que reafirma las obligaciones de los Estados y de las empresas frente al tráfico ilícito de armas de fuego y su impacto en los derechos humanos, pronunciamiento que respalda la postura impulsada por México en este tema.
De manera unánime, la Corte sostuvo que los Estados deben actuar con “debida diligencia” en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego, incluso cuando esta sea realizada por empresas privadas, así como en la gestión de arsenales y armas decomisadas, con el objetivo de evitar su desvío hacia mercados ilegales.
En su análisis, el tribunal señaló que los Estados deben implementar medidas efectivas para garantizar el marcaje, registro y rastreo de armas de fuego, lo que permite identificar su origen y detectar posibles desvíos hacia el tráfico ilícito.
Asimismo, la Corte subrayó la necesidad de asegurar el acceso de las víctimas a recursos judiciales efectivos por los daños ocasionados por la violencia armada, además de reforzar la cooperación internacional para combatir este fenómeno.
Para sustentar su interpretación, la Corte tomó como base diversos instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La opinión consultiva, aunque no es vinculante, deriva de una solicitud presentada por México en 2022, mediante la cual el país pidió a la Corte interpretar las responsabilidades tanto de las empresas privadas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de armas como de los Estados en la protección de los derechos humanos frente a prácticas negligentes.
Durante el proceso, México argumentó que la comercialización negligente de armas por parte de empresas privadas contribuye de manera significativa a la violencia armada en la región, lo que vulnera derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
El pronunciamiento también respalda los argumentos presentados por el gobierno mexicano en litigios estratégicos emprendidos ante tribunales de Estados Unidos contra fabricantes y distribuidores de armas, a quienes acusa de prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió este 5 de marzo una opinión consultiva en la que reafirma las obligaciones de los Estados y de las empresas frente al tráfico ilícito de armas.
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