Rechaza Corte Penal Internacional sanciones de EE.UU.; comunidad internacional expresa respaldo

La Corte Penal Internacional rechazó enérgicamente las sanciones impuestas por Estados Unidos luego de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, exjueza de esta institución. 

A través de un comunicado, la CPI denunció que esta medida “a atenta contra una institución judicial independiente, creada por tratado y encomendada por 125 Estados Partes para investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión”. 

“Constituye un intento de obstaculizar la justicia e impedir que la Corte cumpla con su cometido. Es un ataque contra el Estado de derecho y contra los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”, afirmó la Corte. 

La institución también aseguró que la medida, anunciada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a través de un video en sus redes sociales, tiene como objetivo “perturbar las operaciones de la Corte e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella”. 

Sin embargo, declaró que no se dejará amedrentar, aunque reconoció que “no puede sostenerse sola”. 

“Su destino ahora también está en manos de los Estados que la crearon. El Estatuto de Roma es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes. Esa promesa solo es tan fuerte como la determinación de quienes la formularon”, se lee en el pronunciamiento. 

“Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión”, finaliza.

Las sanciones impuestas por la administración Trump impiden que el tribunal tenga acceso a servicios financieros y empresas con sede en territorio estadounidense; establecen un plazo de seis meses para que las compañías y personas que tengan negocios con la CPI los liquiden e incluso prohíben que utilicen dólares estadounidenses. 

De acuerdo con medios internacionales, se trata un movimiento más del gobierno trumpista para desmantelar a la Corte por las investigaciones realizadas en contra de Estados Unidos e Israel, así como otros aliados.

La comunidad internacional se pronuncia

Tras el pronunciamiento de la CPI, altos funcionarios y jefes de Estado se manifestaron en contra de las medidas. 

En un comunicado conjunto, los ministros de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido, Estados Parte firmantes del Estatuto de Roma de la CPI, reafirmaron su apoyo “continuo e inquebrantable a la independencia, la imparcialidad y la integridad de la CPI”.

“Como firmes defensores de la CPI, lamentamos y discrepamos enérgicamente del anuncio de las sanciones que Estados Unidos impondrá a la Corte […] De entrar en vigor, estas sanciones tendrán un impacto significativo en la labor de la Corte, en su personal y en sus familias. Ellos trabajan a diario para llevar ante la justicia a los acusados ​​de los crímenes internacionales más graves y para apoyar a sus víctimas”, señalaron. 

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, aseguró que la Unión Europea “siempre ha apoyado al Tribunal y tiene opciones para garantizar que pueda continuar con su labor vital. Proteger a la CPI sigue siendo una prioridad para la UE”. 

En este sentido, señaló que el periodo de seis meses anunciado “ofrece una medida para el diálogo”.