No es juicio, es vigilancia financiera: lo que hay detrás de la medida del Tesoro contra bancos mexicanos

La Sección 311 del USA PATRIOT Act, con la cual el Departamento del tesoro identificó como una preocupación principal de lavado de dinero a tres instituciones financieras de México, no requiere pruebas sólidas al nivel penal para ser activada, se trata de una medida administrativa, no judicial ni penal, y se basa en un estándar mucho más flexible que el de "más allá de duda razonable" usado en procesos penales.

Dicha Sección del USA PATRIOT Act otorga al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en consulta con otras agencias (como el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia), la facultad de designar a jurisdicciones extranjeras, instituciones financieras, tipos de cuentas o transacciones como “preocupaciones primarias en materia de lavado de dinero”.

La Sección 311 autoriza al Departamento del Tesoro a imponer una o más de las siguientes cinco "medidas especiales" a las entidades o jurisdicciones designadas:

• Requerir informes especiales sobre las transacciones con la entidad/jurisdicción designada.
• Requerir mantenimiento de registros más detallados sobre dichas transacciones.
• Prohibir o restringir ciertas cuentas corresponsales o de pago indirecto (especialmente con bancos en EE.UU.).
• Exigir información adicional sobre los beneficiarios reales de las cuentas.
• Prohibir directamente a instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales con la entidad/jurisdicción designada.

Sin embargo, las leyes de Estados Unidos no exigen pruebas concluyentes de que una institución financiera esté cometiendo delitos. En cambio, basta con que el Departamento del Tesoro de EE.UU. determine, a partir de un análisis de riesgos e inteligencia, que la entidad o jurisdicción.

Los factores de riesgo que el Departamento del Tesoro de EE.UU. puede considerar para activar la Sección 311 del USA PATRIOT Act están establecidos en el en el apartado c)(2)(B) de la sección 5318ª del Título 31 del Código de los Estados Unidos y establece que: 

Al determinar que existen motivos razonables para concluir que una jurisdicción, institución financiera, tipo de cuenta o clase de transacciones es de principal preocupación en materia de lavado de dinero, el Secretario considerará, además de la información que determine relevante, lo siguiente:

(A) La medida en que esa jurisdicción o institución se utiliza para el lavado de dinero.

(B) La medida en que la jurisdicción o institución cuenta con leyes y regulaciones apropiadas para combatir el lavado de dinero.

(C) La medida en que esas leyes se aplican efectivamente.

(D) El grado en que la jurisdicción o institución se caracteriza por altos niveles de corrupción oficial o institucional.

(E) La medida en que la jurisdicción o institución proporciona una cooperación adecuada y oportuna con los esfuerzos estadounidenses o internacionales contra el lavado de dinero.

La ausencia de rigor en las pruebas requeridas para activar estas “medidas especiales” se basa en el origen de la USA PATRIOT Act fue promulgada el 26 de octubre de 2001, poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, con el propósito de reforzar las capacidades del gobierno de Estados Unidos para prevenir, detectar y castigar actos de terrorismo, en especial la Sección 311 fue diseñada como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las capacidades del Gobierno de Estados Unidos contra el terrorismo, el lavado de dinero y el financiamiento ilícito a nivel global.