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6 min Organizaciones defensoras de derechos civiles presentaron una nueva demanda para frenar partes de una ley antiinmigrante en Texas que autoriza a policías locales, estatales y jueces a arrestar y deportar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos.
La querella, promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, solicita a un tribunal federal bloquear diversas disposiciones de la Ley SB4 antes de su entrada en vigor prevista para el 15 de mayo.
La medida, considerada una de las leyes antiinmigrantes más extremas aprobadas por la legislatura de un estado en Estados Unidos, fue avalada en 2023, aunque permanecía suspendida debido a una demanda presentada ese mismo año por la ACLU.
La Ley SB4 permite a autoridades locales y estatales detener, procesar y promover la deportación de personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a Texas desde México, ampliando facultades migratorias que tradicionalmente corresponden al gobierno federal. Sus críticos advierten que la legislación fomenta perfiles raciales, vulnera derechos civiles y podría generar conflictos constitucionales sobre jurisdicción migratoria.
La legislación establece como delito estatal el ingreso irregular desde México, con penas que pueden alcanzar hasta seis meses de prisión, o hasta 20 años en casos de reincidencia.
La demanda busca bloquear específicamente cuatro disposiciones clave: la criminalización del reingreso no autorizado al país, el castigo por desacatar órdenes migratorias emitidas por jueces estatales, la facultad de magistrados locales para ordenar deportaciones y la obligación de tribunales texanos de continuar procesos penales incluso cuando la persona enfrente procedimientos migratorios pendientes.
La ley SB4 entrará en vigor en un contexto en el que el gobernador Greg Abbott ha presionado a las principales ciudades de Texas, como Houston, Dallas y Austin, para evitar que limiten la colaboración entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio del creciente rechazo ciudadano a las políticas de “mano dura” impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
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