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6 min Un juzgado federal concedió la suspensión definitiva al ex gobernador panista de Baja California, Ernesto “N”, contra el auto de vinculación a proceso que enfrenta por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución fue emitida el 29 de octubre de 2026 por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro del amparo 1085/2026 promovido por el ex mandatario.
El recurso busca impugnar la vinculación a proceso dictada en julio pasado por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.
La resolución concede la suspensión definitiva solicitada contra dicho acto judicial. Sin embargo, esta medida no representa una absolución ni elimina por sí misma las acusaciones penales que enfrenta Ernesto “N”.
El ex gobernador salió el pasado 26 de septiembre del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, y fue trasladado a Ensenada, Baja California, donde permanece bajo prisión domiciliaria.
El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez debido a su edad, de 74 años, y a sus condiciones de salud.
Previamente, en agosto, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez había desechado dos demandas de amparo promovidas por Ernesto “N”, en las que denunció presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica durante su estancia en el penal del Altiplano.
La concesión de la suspensión definitiva también generó cuestionamientos sobre la actuación de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez. En redes sociales se señaló la rapidez con la que resolvió el recurso, luego de que el ex gobernador obtuvo el cambio de medida cautelar para continuar su proceso en prisión domiciliaria.
También se difundieron señalamientos sobre otras resoluciones de la juzgadora relacionadas con extradiciones y casos de alto impacto. No obstante, esas referencias requieren documentación y revisión particular para establecer sus alcances y si guardan alguna relación con el caso de Ernesto “N”.
El ex mandatario enfrenta acusaciones por presuntos delitos vinculados con el tráfico ilegal de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso que continúa su curso en los tribunales federales.
Un juzgado federal concedió suspensión definitiva a Ernesto “N” contra su vinculación a proceso por presuntos delitos de huachicol fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
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