Un juez de control adscrito al Centro de Justicia del penal federal del Altiplano ordenó la prisión preventiva justificada en contra de Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, quien fue detenido el pasado 5 de febrero por fuerzas federales y es acusado de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
Durante la audiencia de imputación, que se llevó a cabo el 6 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuyó los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el manejo de dinero obtenido de manera ilegal mediante extorsiones a empresarios y productores de tequila. Además, se le imputó el delito de secuestro agravado, al señalarlo como presunto responsable de ordenar la privación ilegal de la libertad de un precandidato de Morena y su suplente para forzarlos a renunciar a la contienda interna.
Junto con el alcalde, también fueron imputados Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública de Tequila, y Juan Gabriel “N”, director de Catastro del municipio, ambos acusados de delincuencia organizada.
De acuerdo con el expediente, los tres habrían participado en el secuestro ocurrido el 24 de marzo de 2021 en un restaurante de Tequila, donde fueron retenidos los entonces precandidatos Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, con el objetivo de obligarlos a firmar su renuncia y permitir la imposición de un candidato afín a los intereses del edil.
La FGR sostiene que Juan Gabriel “N” habría sido impulsado como candidato debido a que garantizaría lealtad tanto al alcalde como al grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con la que, según las investigaciones, los imputados mantenían una relación estrecha.
La renuncia de las víctimas fue formalizada ante un notario de Jalisco que presuntamente actuaba bajo órdenes del grupo criminal.
El delito de secuestro agravado también fue imputado a Diego “N” y a Juan Manuel “N” por un segundo caso, en el que habrían ordenado privar de la libertad a dos comerciantes de Tequila que se negaron a pagar extorsiones para continuar vendiendo sus productos.
Durante la audiencia, el alcalde se reservó su derecho a declarar y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Será hasta el próximo 10 de febrero cuando se determine si el alcalde de Tequila y los demás imputados son vinculados a proceso penal.