La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por un total de 59.6 millones de pesos a cuatro empresas y seis personas físicas por haber incurrido en prácticas monopólicas absolutas en licitaciones públicas relacionadas con la adquisición de insumos médicos.
De acuerdo con la resolución emitida por el Pleno de la Comisión, las empresas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias para la presentación de propuestas, con lo que simularon competir entre sí durante diversos procedimientos de contratación pública. Estas conductas se habrían realizado entre octubre de 2010 y diciembre de 2016.
La CNA señaló que este tipo de prácticas afectan directamente la competencia económica y pueden traducirse en mayores costos para el Estado, lo que repercute en la eficiencia del gasto público y, en consecuencia, en la prestación de servicios de salud a la población.
La relevancia del caso radica en que los insumos para radiografías son fundamentales para el diagnóstico médico. Tan solo entre 2024 y 2025, el IMSS y el ISSSTE realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico, en beneficio de cerca de 15 millones de personas, por lo que garantizar condiciones de competencia efectiva en este mercado resulta prioritario.
En su comunicado, la Comisión reiteró que una de sus prioridades estratégicas es vigilar el correcto funcionamiento de los mercados de insumos esenciales, particularmente aquellos vinculados al sector salud, debido a su impacto social y económico.
Asimismo, precisó que las empresas y personas sancionadas cuentan con el derecho de interponer los medios de defensa correspondientes ante los tribunales especializados, conforme a la legislación vigente.
Tras la resolución de la CNA, el IMSS reconoció la determinación del organismo antimonopolio y señaló que esta confirma los problemas de concentración y contratación que enfrentaba el Instituto en administraciones previas. Asimismo, indicó que la conducta sancionada evidencia prácticas indebidas en un mercado relevante para la prestación de servicios de salud, en el que las empresas y personas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias para la presentación de propuestas.
El Instituto destacó que actualmente el panorama es distinto y afirmó que este caso constituye un precedente importante para fortalecer la detección, prevención y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud, debido a los riesgos que las prácticas colusorias representan para las compras públicas y el uso adecuado de los recursos destinados a la atención médica.