La participación del Estado en la Economía. Parte III – El rol de las empresas estatales

Es innegable que existen sectores de la economía en donde la lógica de libre mercado y mínima presencia estatal, (al menos al inicio de dichos sectores) han logrado varias de las promesas que se esgrimen en los libros de texto y clases de economía tradicionales. También es innegable que existen muchos en los cuales esto no ha pasado, es más, querer operarlos bajo la lógica de libre mercado y mínima presencia estatal (LMP), ha exacerbado los problemas que, se supone, se arreglarían de forma natural si tan solo el estado tomara un rol de “regulador” y dejara atrás la pretensión de tener propiedad dentro de los sectores. 

¿Cuáles son las diferencias entre unos y otros? Principalmente, los sectores en donde no funciona dicha lógica, tienen alguna de las siguientes características:

1. No existe algún sustito del bien o servicio. Sólo cambia el proveedor pero el bien/servicio es exactamente el mismo.
2. Parte de la cadena de valor tiene monopolios naturales.
3. No existe o es limitada la capacidad de diferir el consumo.
4. Su bien/servicio son esenciales para la vida.
5. Son servicios que sólo se consumirán una vez. Genera un incentivo perverso de maximizar ganancias toda vez que el consumidor no repetirá dicho consumo.

En mi opinión, los sectores que contienen al menos una de las anteriores características y en los cuales no puede aplicar la lógica LMP son: educación, salud, transporte, alimentación, agua y energía. Es en estos sectores en donde el gobierno tiene que tener propiedad, si bien no necesariamente del 100% si debe ser un jugador muy relevante. Esto porque las características intrínsecas de cada uno se generan incentivos perversos en los cuales la extracción de ganancias se vuelve extremadamente sencilla. 

Tomaremos como ejemplo el sector eléctrico a nivel mundial. A partir de los 80’s, comenzó una serie de privatizaciones con la promesa de reducir los costos, mejorar los servicios y lograr que la competencia ofertara la energía más barata, confiable y segura. Después de todo el tiempo, dinero y esfuerzo, desde 2011 el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica reveló que la industria eléctrica Europea se encontraba enormemente concentrada, con más del 80 por ciento del mercado en manos de sólo tres empresas en 14 estados, y que sólo el 4% de los consumidores habían observado una baja en las tarifas. El 70% había visto su tarifa incrementada. Los mismos resultados pueden observarse en todos y cada uno de los países en donde se privatizó el sector sin contar con una empresa estatal fuerte. 

El resultado no debería de sorprender a nadie, era obvio que en un sector esencial, que cuenta con monopolios naturales (redes de transmisión y distribución) con un producto que no tiene sustitutos, y el cual no se puede diferir el consumo (uno no puede estar revisando ofertas eléctricas a todo momento para comparar y buscar los mejore precios), la tendencia iba a ser el aumento de las tarifas y la concentración de la industria. A pesar de todos los resultados observados, los fundamentalistas del mercado siguen diciendo que el rol del estado no debe ser más que poner reglas. Ni siquiera la crisis energética Europea logra convencerlos para que el estado asuma un papel mucho más activo. 

Es derivado de esta falla de donde surge la pregunta, ¿qué papel debe de jugar el estado? ¿Debe el estado ser únicamente “regulador” o debe de contar con diferentes maneras en las cuales puede participar en los mercados de manera directa o indirecta? La respuesta es clara, debe contar con la mayor cantidad de herramientas. Es aquí donde las Empresas Estatales toman relevancia. Éstas, deben entenderse como una herramienta más de política pública por la cual el estado garantizará el acceso a ciertos bienes/servicios indispensables. Pero claramente las empresas estatales no deben seguir el credo empresarial vigente conocido como Doctrina Friedman en la cual se establece que la única responsabilidad que tienen las empresas es aumentar las ganancias de sus accionistas, estableciendo que la responsabilidad fiduciaria de los directivos es únicamente para aumentar las ganancias y el valor generado a sus accionistas.  El estado, a través de sus empresas debe de garantizar el acceso a bienes/servicios esenciales. Esto puede ser a través de proveerlos o a través de presionar el precio de dichos bienes/servicios a la baja. 

Este, en mi opinión, debe ser el objetivo de las Empresas Estatales. Ser la herramienta de política pública, de mercado, del gobierno a través de la cual se puede presionar a la baja y contener los márgenes de ganancia que innevitablemente se buscará aumentar y que, en sectores esenciales, se vuelve aún más fácil hacerlo. 

El estado debe participar de manera activa en estos sectores y debe de contar con el tamaño (participación de mercado) suficiente como para poder llevar a cabo, a través de la competencia, la reducción de los márgenes de ganancia. En el entendido de que el estado debe generar valor más allá de la visión de Economía I, P*Q. Dicho valor está en garantizar el acceso a una vida digna para la población. Aunque en el papel el estado siempre pueda maximizar sus recursos si siguiera la doctrina friedman, ese no es, ni debe ser el objetivo principal del estado. 

Es por todo esto que la política de rescate de las empresas estatales debe continuar. Esto no quiere decir que se esté en contra de la Iniciativa Privada, simplemente se reconoce que la IP y el estado, tienen intereses que pueden resultar contrarios en estos sectores. La participación del estado en la economía a través de la creación de Empresas Estatales en sectores estratégicos es la forma más directa que tiene el estado para garantizar, a través de mecanismos de mercado, el acceso a bienes y servicios esenciales al menor precio posible.