Reportaje 14: Desapariciones. La herencia de Alfaro

El estado de Jalisco lidera las estadísticas de personas desaparecidas y no identificadas con un número total de 14 mil 966, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Son muchísimos los desaparecidos y no solo en materia de desestimaciones de búsqueda por parte de las autoridades locales”, asegura Gabriel Aquiles González Ruiz, director de vinculación y atención a familiares de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Ante la desaparición de un ser querido, la primera esperanza de familiares es acudir a las autoridades, hecho que la mayoría de las veces resulta en una dificultad más para continuar en su búsqueda. “Realmente las autoridades de la Fiscalía  de Jalisco no me daban ninguna razón para confiar en ellos, solo decían que ellos me llamaban”, recordó María de Jesús González, integrante del colectivo Luz de Esperanza.

“Aquí en Jalisco hay mucho desaparecido, que a veces la gente no conoce; simplemente investigando y metiéndote a las páginas te das cuenta que SEMEFO no hace nada”, aseguró Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Guerreros Buscadores.

Burocracia, falta de atención e incluso criminalización de las víctimas por parte de los funcionarios públicos forma parte de los obstáculos a los cuales se enfrentan familiares de quienes han desaparecido en dicha entidad por algún motivo.

A menos 299 funcionarios públicos, en su mayoría policías, tienen procesos judiciales abiertos relacionados a la desaparición de personas durante el periodo 2019-2024, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada para personas Desaparecidas.

Bajo el gobierno de Enrique Alfaro, iniciado en 2018, los reportes de desapariciones han suscitado controversia y protestas de familiares de víctimas, quienes denuncian una falta de respuesta efectiva y acusan al gobierno estatal de negligencia.

De acuerdo con colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos, la cifra de personas desaparecidas en Jalisco ha aumentado significativamente en la última década, alcanzando decenas de miles de casos. Las autoridades estatales, sin embargo, han sido señaladas por su limitada capacidad de respuesta, con denuncias que incluyen demoras en las investigaciones, falta de apoyo a los familiares y una supuesta falta de voluntad política para abordar el problema.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ha defendido la postura de su administración, asegurando que su gobierno ha implementado programas y políticas para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar las investigaciones. Sin embargo, las críticas persisten, especialmente en el contexto de enfrentamientos con colectivos de búsqueda, quienes sostienen que las desapariciones en la entidad han sido manejadas de forma inadecuada y que no se ha priorizado la transparencia ni la eficacia.

Además, algunas voces dentro de la sociedad civil y la oposición política han señalado posibles vínculos de las desapariciones con redes de crimen organizado, las cuales tendrían nexos con figuras locales, lo que complica las investigaciones y genera sospechas sobre la integridad de los procesos de búsqueda.