Inicia FGR investigación contra juez federal que cambió de medida cautelar a involucrado en desfalco a Cooperativa Cruz Azul

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra el juez  de distrito Enrique Beltrán Santes, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien resolvió “en una decisión ilegal y carente de fundamento” modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Víctor Manuel "G", imputado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados al desfalco de la cooperativa Cruz Azul.

El juez federal determinó que el imputado podría continuar su proceso en libertad, una resolución que contradice lo dispuesto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece que la prisión preventiva es obligatoria para delitos de delincuencia organizada. Los argumentos del juez, señala a través de un comunicado la FGR, se consideran subjetivos y carentes de pruebas fehacientes.

Entre los razonamientos ofrecidos por el juez Beltrán Santes, se mencionaron aspectos como el supuesto deterioro de salud del imputado, su buena conducta durante el tiempo de reclusión y la aclaración de la propiedad de los domicilios a los que tendría acceso. Sin embargo, ninguno de estos puntos fue debidamente acreditado, de acuerdo con un análisis comparativo presentado por la Fiscalía.

En relación con la salud del imputado, el juez afirmó que Víctor Manuel "G" había experimentado un deterioro debido a su edad. No obstante, la defensa no presentó ningún dictamen médico que respaldara esta afirmación, lo que deja en evidencia que el argumento se basó únicamente en consideraciones subjetivas.

El juez también argumentó que el imputado había mostrado buena conducta durante su estancia en prisión. Sin embargo, la Fiscalía señaló que no existe informe alguno del Centro Preventivo Varonil Norte que avale dicha conducta. Este razonamiento, nuevamente, carece de datos objetivos y verificables.

Otro punto controvertido fue la supuesta aclaración de la propiedad de los domicilios vinculados al imputado. Según el juez, los inmuebles pertenecen a las hijas y la exesposa de Víctor Manuel "G", lo que reduciría el riesgo de sustracción de la justicia. La Fiscalía refutó esta afirmación al señalar que no se trataba de un problema de propiedad, sino de la accesibilidad del imputado a dichos domicilios, lo que incrementa el riesgo de evasión.

Además, el juez minimizó la existencia de un bloqueo financiero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la posibilidad de que el imputado tuviera acceso a recursos por más de 138 millones de pesos, contradiciendo argumentos previos que él mismo había emitido en una audiencia anterior.

La Fiscalía ha anunciado que impugnará la decisión del juez Beltrán Santes, argumentando que no hubo variación objetiva de las circunstancias que justificaron la prisión preventiva en un inicio. También se ha iniciado una carpeta de investigación en contra del juez por posibles delitos contra la administración de justicia.

Por otra parte, La FGR cuestionó la falta de pronunciamiento del juez respecto a las amenazas contra testigos y la existencia de otro proceso penal en curso contra el imputado, elementos que incrementan el riesgo procesal y justifican la prisión preventiva.