¿Qué es el Cártel Inmobiliario?

Una explosión ocurrida el 16 de agosto de 2021, en la alcaldía Benito Juárez, destapó el Cártel Inmobiliario, uno de los escándalos de corrupción más grandes en la CDMX.

A partir de esa tragedia, la Fiscalía capitalina (FGJ CDMX) descubrió las redes de corrupción tejidas por el panismo. 

Las averiguaciones posteriores a la explosión revelaron prácticas ilegales que se conocen como el Cartel Inmobiliario de la Benito Juárez, y en las que están involucrados exfuncionarios de dicha alcaldía, todos militantes panistas y que iniciaron cuando el hoy, presidente del PAN, Jorge Romero, era delegado de la BJ, denunció este 11 de noviembre en la Mañanera el Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es el jefe del Cártel Inmobiliario, el presidente del PAN, lo conocimos muy bien en la Ciudad de México, probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez”, acusó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.

Posteriormente, la red de corrupción del sector de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez se detonó por la construcción de más departamentos de los que se habían autorizado en el lujoso desarrollo “City Towers”. Esto sucedió cuando Christian vo Roerich era titular de la entonces delegación.

“En su momento, les platico rápido cómo fue que la fiscal general de Justicia, entonces Ernestina Godoy se dio cuenta de lo que pasaba: Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas y la Fiscalía tiene que hacer investigaciones de oficio. Empieza a hacer investigaciones y se da cuenta de que los departamentos están a un mismo nombre”, después, nota que sucede lo mismo en varios edificios. 

De acuerdo con investigaciones realizadas por la FGJ CDMX, existen diversos inmuebles en la demarcación que tienen construcciones por encima de lo que se había aprobado. Estas edificaciones fueron posibles gracias a la colaboración de funcionarios durante la administración de Christian von Roerich.

Von Roehrich solicitó un tercer departamento por un monto menor al de venta al público en City Towers, que fue adquirido por Antonio “N”, familiar del hoy dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

Se demostró que Nicias Aridjis Vázquez, director de Obras de Benito Juárez durante la gestión de von Roerich, era propietario de dos departamentos en el edificio colapsado en Coyoacán, los cuales no presentó en sus declaraciones patrimoniales como servidor público, lo que generó sospechas. Él, fue el primero en aceptar su plena responsabilidad en la red de corrupción inmobiliaria y cursa una pena de tres años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, una sentencia dictada por un procedimiento agregado.

Ese caso de corrupción involucró incluso a Sofía von Roerich, hermana del exdelegado, quien intentó huir de la justicia, cuando era diputado local, pero fue detenido en abril de 2023 al intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

El testimonio de un empresario sujeto al criterio de oportunidad, vinculado al proyecto City Towers, reveló el modus operandi del Cártel Inmobiliario: presionaban a las empresas inmobiliarias para que les entregaran departamentos a cambio de permisos para edificar un mayor número de pisos a los permitidos por las normas de construcción.

Hasta el momento hay 31 exservidores públicos sujetos a proceso por estar vinculados al Cártel Inmobiliario; 12 están en prisión preventiva y 4 con sentencia, entre ellos Luis Vizcaíno, exdirector Jurídico de BJ, por enriquecimiento ilícito, quien también  reconoció su participación y devolvió 6 inmuebles, sumados con los 4 departamentos que regresó el exdirector de Obras, Nicias Aridjis, los cuales ascienden a más de 150 millones de pesos.

El 10 de enero de 2024, el exjefe de gobierno, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer el delito de Corrupción Inmobiliaria, mediante la inclusión del Capítulo XV y el Artículo 276 Quater, que establece una pena de entre 10 y 20 años de prisión para los servidores públicos que autoricen la construcción de más niveles que los permitidos en las nuevas edificaciones. Además, se aumentará la pena en 5 o 10 años más, cuando se pida dinero o departamentos a cambio de las autorizaciones.