En una jornada que marca un nuevo capítulo en la inestabilidad política del país andino, el Congreso de la República destituyó este jueves a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar la moción de vacancia por incapacidad moral permanente con 118 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con esta decisión, Perú se queda nuevamente sin jefe de Estado, abriendo un incierto proceso de sucesión constitucional.
La sesión plenaria, que se extendió por más de seis horas, concluyó con una mayoría abrumadora a favor de la destitución, muy por encima de los 87 votos requeridos. La moción fue impulsada por varias bancadas opositoras y finalmente contó con el respaldo de partidos que antes habían sostenido al gobierno.
Durante sus primeros meses en el poder, Boluarte enfrentó una de las olas de violencia política más graves en la historia reciente del país, tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo en diciembre de 2022, luego de su fallido intento de disolver el Congreso. Las protestas que siguieron a su caída dejaron más de 60 muertos y centenares de heridos, en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las regiones del sur, especialmente Puno, Ayacucho y Cusco, se convirtieron en epicentro del descontento popular, mientras organizaciones sociales y campesinas exigían la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Aunque el gobierno logró contener la crisis con mano dura, su legitimidad quedó severamente erosionada desde entonces.
A esa crisis política se sumaron acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que minaron aún más la imagen presidencial. Boluarte fue señalada por la Fiscalía de la Nación por no declarar varios relojes y joyas de lujo de marcas como Rolex y Cartier, además de presuntamente haber recibido donaciones y beneficios indebidos durante su gestión. Aunque ella negó los cargos, las investigaciones incluyeron allanamientos a su vivienda y al Palacio de Gobierno, alimentando la percepción de un gobierno marcado por el doble discurso: por un lado, un llamado a la austeridad y, por otro, un estilo de vida incompatible con sus ingresos públicos.
Tras la aprobación de la vacancia, el presidente del Congreso asumiría de manera interina la jefatura del Estado, conforme a la línea de sucesión establecida en la Constitución. Su mandato será temporal, mientras se define un cronograma para una eventual transición o convocatoria a elecciones generales anticipadas.
Desde el Palacio de Gobierno, Dina Boluarte no emitió mensaje público tras conocerse el resultado, aunque fuentes cercanas señalaron que evalúa presentar una apelación ante el Tribunal Constitucional, alegando un proceso “arbitrario y sin garantías de defensa”.
En las calles de Lima y otras ciudades, grupos ciudadanos celebraron la decisión, mientras otros sectores advirtieron sobre la posibilidad de un nuevo vacío de poder que prolongue la crisis institucional que Perú arrastra desde hace casi una década.
La destitución de Boluarte convierte a su gobierno en el sexto interrumpido en apenas siete años, confirmando al Perú como uno de los países con mayor inestabilidad presidencial del continente.