Mark Zuckerberg y otros altos ejecutivos de Meta evitaron testificar este jueves en el juicio civil relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, luego de alcanzar un acuerdo extrajudicial con accionistas que exigían una compensación de hasta 8 mil millones de dólares por los costos financieros y reputacionales derivados del caso.
La demanda, presentada ante la Corte de Equidad de Delaware, acusaba al fundador de Facebook, a la exdirectora operativa Sheryl Sandberg y a miembros de la junta directiva —incluidos Peter Thiel y Marc Andreessen— de haber ignorado deliberadamente la orden de consentimiento impuesta por la Comisión Federal de Comercio (FTC) en 2012, la cual prohibía compartir datos de usuarios sin consentimiento explícito.
A raíz del escándalo de Cambridge Analytica, donde se filtraron datos de más de 87 millones de usuarios para fines políticos, Meta enfrentó en 2019 una multa de 5 mil millones de dólares por parte de la FTC —la sanción más grande en la historia de esa agencia— así como un acuerdo colectivo por 725 millones en Europa.
El juicio, que comenzó el miércoles 16 de julio, tenía previsto llamar a declarar a Zuckerberg, Sandberg y otros directivos clave en los próximos días. Sin embargo, en una sorpresiva maniobra legal, las partes anunciaron un acuerdo confidencial al segundo día del proceso. La jueza Kathaleen McCormick celebró la resolución, aunque advirtió que los términos finales deberán presentarse en documentos públicos en las próximas semanas.
Durante la jornada inicial, el tribunal escuchó declaraciones que apuntaban a una cultura corporativa centrada en el crecimiento a expensas de la privacidad. Testigos como el actual jefe de gabinete de Meta, Jeffrey Zients, señalaron que la empresa buscó evitar que Zuckerberg fuera nombrado personalmente en las sanciones regulatorias de 2019.
Aunque el acuerdo pone fin al juicio y evita el testimonio de los ejecutivos, no implica una admisión de responsabilidad. Aun así, marca un precedente clave sobre la posibilidad de exigir cuentas a altos mandos corporativos por omisiones graves en el cumplimiento de políticas de privacidad.
El caso, considerado uno de los más relevantes en materia de gobernanza corporativa en la era digital, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la responsabilidad ejecutiva ante fallas éticas en el manejo de datos.