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  • 16 Oct 2023
  • 20:10
  • SPR Informa 6 min

Exigen alumnas del IPN justicia contra el estudiante que mediante IA editó sus fotos con fines de explotación sexual

Alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestaron afuera de la Unidad Santo Tomás para exigir una investigación justa, así como la baja definitiva de Diego “N”, estudiante que mediante Inteligencia Artificial (IA) editó 166 mil fotos para volverlas íntimas. Las alumnas también piden el compromiso de actuación para prevenir y castigar la violencia digital dentro de la institución, un convenio de no represalias para las alumnas que han denunciado, así como la expulsión de todos los que resulten responsables tanto de editar como de comercializar imágenes sexuales sin autorización.

¿Te imaginas levantarte y ver tu foto de perfil alterada con IA para explotarla sexualmente? Eso les pasó a las alumnas de la ESCA Unidad Santo Tomás del IPN. 

El 6 de octubre de 2023, Diego “N” fue descubierto en flagrancia por alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital con 166 mil fotografías reales y alteradas y hasta 20 mil videos de niñas y mujeres con fines de lucro y explotación sexual, de las cuales, al menos el 40% son de alumnas del Poli con edades entre los 17 y 25 años. En la tableta también se encontraron pruebas de que las vendía a través de Telegram y otros espacios digitales.

De acuerdo con las manifestantes, Diego “N” aparentemente era un compañero sociable, tranquilo y hasta agradable, de quien sus compañeras nunca sospecharon que las acosaba y violentaba a través de tecnologías digitales. 


 

Después de que al menos ocho alumnas lo denunciaron, Diego “N” fue remitido en primera instancia a la Jefatura de la carrera y posteriormente, presentado ante la  Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), pero fue puesto en libertad ante la supuesta falta de evidencia.


El 13 de octubre, la Fiscalía capitalina informó que personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas brindó atención a las alumnas para dar seguimiento a las denuncias relacionadas con la Ley Olimpia. 

Se acordó que la Policía Cibernética de la Policía de Investigación (PDI) llevará una exhaustiva revisión de imágenes que se encuentren en los dispositivos móviles del investigado, pues la tableta quedó en custodia de la Fiscalía como prueba de la violencia digital. 

La Ley Olimpia estipula que “elaborar vídeos reales o alterados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento” es considerado como una conducta que atenta contra la intimidad sexual, y podrá ser castigado de 3 a 6 años de prisión, además de una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de 51 mil 870 a 103 mil 740 pesos.


En su manifestación de este 16 de octubre, las alumnas también enfatizaron que buscan responsabilizar a todos los servidores públicos y funcionarios escolares que las revictimizaron con el fin de que esta situación no se vuelva a repetir para otras compañeras.


Las estudiantes aseguraron que hay pruebas de conversaciones entre alumnos que compraban estos contenidos y sostienen que el presunto agresor no actuó solo, por lo que, las manifestantes también exigen que sean dados de baja del IPN todos los que resulten responsables. 


Las jóvenes denunciaron que aunque en un principio las autoridades del IPN pusieron a disposición de la Fiscalía capitalina a Diego “N”, no se aplicó debidamente el protocolo para la prevención, detención, atención y sanción de violencia de género por parte de la institución, además de la revictimización por parte de algunos profesores, pero gracias a la manifestación, el IPN informó la baja definitiva de Diego “N”, acusado de violencia digital y aseguró que ayudará a la Fiscalía con información para su proceso legal. 


La activista Olimpia Coral Melo, quien ha contribuido a visibilizar este caso, denunció que el 64.1% de las mujeres víctimas de violencia digital tienen entre 18 a 30 años y 72.3% son estudiantes universitarias, además de que el 81.6% mencionó que el agresor era una persona conocida.