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6 min La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde para que continúe la investigación sobre los contratos firmados durante el gobierno de Felipe Calderón para construir y operar centros penitenciarios con participación de empresas privadas y recursos públicos, y para que se determine si hubo responsables por el posible daño al erario.
Por mayoría de siete votos, la Corte anuló una resolución que había frenado el proceso contra exservidores públicos señalados por posibles delitos relacionados con el manejo de estos contratos. Esa resolución consideraba que los delitos ya habían prescrito.
Durante la sesión, los ministros determinaron que una posible afectación al dinero público no puede descartarse únicamente por la forma en que están clasificados los delitos.
El caso involucra a 16 exfuncionarios, algunos de ellos subordinados del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De acuerdo con la investigación, este grupo participó en contratos y convenios para construir ocho centros penitenciarios en distintos estados del país, con un posible daño al patrimonio público de más de cinco mil millones de pesos.
Pero, ¿cómo surgió este caso, quiénes están involucrados y qué decisiones legales se han tomado para evitar que quede impune?
Más de una década después de que fueron firmados, los contratos para construir y operar centros penitenciarios federales durante el gobierno de Felipe Calderón vuelven al centro de la escena.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió nuevamente la puerta para que se revise el fondo de una investigación relacionada con esos convenios y con el presunto uso indebido de recursos públicos.
La historia comenzó entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón. La entonces Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna, contrató de manera directa a empresas privadas para construir y prestar servicios en ocho centros penitenciarios.
Los contratos contemplaban pagos durante aproximadamente dos décadas y establecían un esquema en el que el gobierno federal debía cubrir el costo de los servicios, incluso si los penales no estaban ocupados a su máxima capacidad.
De acuerdo con la información presentada posteriormente por el gobierno de México, los contratos originales representaban un costo proyectado de alrededor de 266 mil 300 millones de pesos.
El tema cobró mayor relevancia a partir de las revelaciones realizadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En 2020, de los más de 22 mil 700 millones de pesos ejercidos en prevención y readaptación social, alrededor del 60 por ciento se destinó al pago de estos contratos.
La información oficial reportó además que el costo diario promedio por persona privada de la libertad rondaba los tres mil 819 pesos.
Ante este escenario, el gobierno federal negoció una reducción del 15 por ciento en el costo de los contratos, lo que permitió proyectar ahorros superiores a los 41 mil millones de pesos durante el resto de su vigencia.
Pero el problema no se limitó al costo de los contratos. También llegó al terreno penal.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana buscaron que continuara un proceso contra exservidores públicos por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.
Sin embargo, un juez de control determinó que no había elementos suficientes para vincular a los imputados al proceso.
Esa decisión fue impugnada y el caso llegó a un tribunal colegiado, que sostuvo que la Secretaría de Seguridad no tenía legitimación para promover el amparo.
Fue entonces cuando el asunto llegó a la Suprema Corte.
Los ministros determinaron que la Secretaría sí tiene facultades para investigar el posible daño al erario y analizar la relación económica real de los contratos, al tratarse de recursos federales administrados por la dependencia en representación de la Federación.
Por siete votos, la Corte invalidó la resolución que había frenado el procedimiento y devolvió el caso a la ruta judicial.
En otras palabras: el caso no quedó cerrado.
Ahora deberá continuar el análisis para determinar si existieron responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.
Las investigaciones sobre los contratos identificaron a diversos empresarios vinculados con las compañías que participaron en el esquema.
Entre ellos se encuentran Bernardo Quintana Isaac, presidente de la Fundación ICA; Olegario Vázquez Aldir, empresario de Grupo Vazol; Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari; Federico Martínez Urmeneta, presidente de Grupo Tradeco; Eustaquio de Nicolás, fundador de Homex; y Jesús García Pons, presidente de Arendal.
Además, las investigaciones de las autoridades reportaron que algunas de las empresas e involucrados terminaron transfiriendo o vendiendo los contratos a otras compañías, entre ellas Capital Inbursa, BlackRock y Exi Quantium.
El caso ha permanecido durante años entre investigaciones, recursos judiciales y disputas sobre la vigencia de las posibles responsabilidades.
Y ahora, cinco años después de aquellas revelaciones, la Suprema Corte devuelve el expediente a la ruta judicial.
La decisión no significa que los exfuncionarios hayan sido declarados culpables, pero sí representa una nueva oportunidad para que un tribunal analice el fondo del caso y determine si existieron responsabilidades.
En la mira están 16 exservidores públicos, entre ellos personas que formaron parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y que, de acuerdo con las investigaciones, participaron en el manejo de los contratos.
También vuelven a aparecer en el contexto de este caso los nombres del propio Felipe Calderón, Genaro García Luna, Ernesto Cordero y otros exservidores públicos, por la relación que tuvieron con la estructura de seguridad y el esquema de contratación.
Así, una historia que comenzó entre 2010 y 2011, con la firma de contratos para construir y operar centros penitenciarios federales, vuelve más de una década después a los tribunales federales.
El siguiente paso será determinar si existió un daño al patrimonio público y, en su caso, quiénes fueron responsables.
La Suprema Corte, por ahora, ya dio luz verde para que la investigación continúe.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde para que continúe la investigación sobre los contratos firmados durante el gobierno de Felipe Calderón para construir y operar cárceles.
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